El abogado que representa a Podemos en el caso abierto sobre las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro, Manuel Delgado, ha señalado a este periódico, ante la difusión del cierre de la instrucción del caso y de lo que no ha recibido notificación, que se ha hecho de forma incompleta, puesto que considera que se deberían haber abierto piezas separadas para aclarar algunas presuntas irregularidades aparecidas en el informe contable que se realizó a la fundación.
Explica Delgado que también queda por esclarecer el testimonio de una sobrina de la acusada, Ángeles Muñoz, que habló de "una caja fuerte" en casa de los acusados o el caso de 40.000 euros presuntamente abonados por la Diputación antes de ser solicitados o el empleo de personal para otras funciones no incluidas en las subvenciones recibidas. Señala el letrado que sobre esos asuntos, entre otros, se debería haber abierto piezas separadas que permitieran seguir con la investigación, al margen de la pieza principal de las mordidas.
En este caso están acusados los responsables de la Fundación Guadalquivir Futuro, y sus dirigentes, la citada Ángeles Muñoz, y su hijo, Cristian Menacho, exsecretario general de las juventudes socialistas de Córdoba, y José Antonio Fernández Adame por, presuntamente, detraer dinero de las nóminas de los trabajadores que contrataban en programas de acción social, para destinarlos a otros fines no aclarados.
Sobre estas cantidades que eran restadas a los empleados y que oficialmente figuraban como donaciones, los trabajadores afectados presentaron demandas con la intención de recuperarlas. En estos días se ha sabido que el Fogasa, (Fondo de Garantía Salarial) el que se hará finalmente cargo de ello, según ha informado a este periódico el abogado Agustín Repullo, que es el que ha llevado el caso. Además, indica Repullo, el Fogasa se ha subrogado en la petición de los trabajadores, para que la fundación le devuelva el dinero, aunque la entidad ha sido declarada insolvente.
CALIFICACIÓN DEL FISCAL
En cuanto a la causa penal, el Fiscal ha elaborado ya su escrito de calificación en el que considera que los acusados son autores de los delito continuados contra el derecho de los trabajadores y dos delitos de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas, por lo que pide penas que suman más de 28 años de prisión.
El ministerio público reclama para cada uno de los acusados, que eran responsables de la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, la pena de 3 años y siete meses de prisión por el delito contra el derecho de los trabajadores, además de una multa de nueve meses con una cuantía de 20 euros diario y por el delito de fraude de subvenciones o ayudas de la administración públicas, tres años por cada uno de los dos delitos a cada procesado y una multa de 300.000 euros. También reclama que la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
