La Gerencia de Urbanismo se ha comprometido en buscar una solución para el bloque que no logra licencia de primera ocupación por la recogida neumática de basura. Los propietarios de las 19 viviendas de protección oficial de Huerta de Santa Isabel que llevan desde diciembre del año pasado esperando el permiso para habitarlas se han reunido con el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, y con el gerente, Luis Valdelomar, para abordar la situación que les impide residir en ellas. Como publicó este periódico en mayo, el bloque, promovido por la cooperativa Llanos de la Albaida, no recibe licencia de primera ocupación, pedida en diciembre del 2018, por no tener culminadas las redes. Hay que recordar que el inmueble está edificado sobre una parcela que era de AVRA (Junta) adjudicada por un concurso de venta de suelo. El solar había sido previamente dividido en dos y uno tiene la red exterior acabada pero el otro, el que corresponde al bloque, no. Además, falta la red interior.

El responsable de la gestora, Ramón Martos, ha explicado a este periódico que tanto el presidente de Urbanismo como el gerente “expresaron su incomprensión ante el hecho de que viviendas terminadas y con todos los servicios esenciales disponibles (electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones) no puedan ser recepcionadas por la falta de un servicio no esencial como es el de la recogida neumática de basura, cuya central, además, no está construida”. La central que corresponde a este bloque es la de Turruñuelos, cuyo proyecto está redactado. Esta central tiene un presupuesto de más de 10 millones de euros y aún no se ha licitado. Según Martos, el compromiso adquirido por Urbanismo es “agilizar la solución para intentar que antes de las vacaciones este tema quede solventado y los vecinos tengan acceso a sus viviendas lo antes posible”.

Desde mayo, el problema de los futuros residentes de este edificio se ha agravado. Según explica el responsable de la gestora, durante el anterior mandato, llegaron a un acuerdo con Urbanismo que consistía en abonar el coste de la red externa, 150.000 euros, más la obra civil, y demandar a AVRA, pasos que dieron, pero su sorpresa ha sido que se han encontrado con un informe negativo del organismo municipal que impide la obtención del permiso.

El presidente de Urbanismo ha confirmado a este periódico el compromiso adquirido para dar una “solución jurídica legal”.