El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó ayer de que el presunto asesino de Ana Lucía Da Silva, cuyo cadáver fue encontrado junto al de ella en una vivienda de Valdeolleros el viernes pasado, accedió al tercer grado penitenciario porque tenía «un pronóstico de reincidencia medio bajo».
Este paso llegó una vez que había cumplido casi 15 años de prisión tras ser condenado a 17 años por el asesinato de su esposa, que tuvo lugar en Algeciras, en el domicilio familiar, en el 2002. En esta línea, desde el TSJA recuerdan que el supuesto agresor (que fue internado en la prisión de Alcolea) habría obtenido la libertad definitiva el pasado mes de abril. En octubre del 2017, el juez de Vigilancia Penitenciaria acordó progresarlo al tercer grado, tras recibir los informes favorables tanto de la Fiscalía como de la Junta de Tratamiento de la cárcel. En el caso de esta última, lo describió como un interno primario, que llevaba cumplidos casi 15 años de la condena de 17 que le fue impuesta por el delito de asesinato y había tenido muy buena evolución en prisión, pues había disfrutado de numerosos permisos sin incidencias, no tenía sanciones en el expediente y había realizado un programa de violencia de género, a lo que se sumaba que venía abonando la responsabilidad civil desde hacía muchos años. A su juicio, el pronóstico de reincidencia era medio bajo. Fue en enero del 2018 cuando el juez de Vigilancia Penitenciaria acordó aprobar la propuesta de libertad condicional para esta persona, imponiéndole unas reglas de conducta.
SIN AVANCES / En cuanto a la investigación del suceso, el juzgado de Instrucción número 1 se encuentra a la espera de que la Policía le remita su atestado y de conocer el informe de las autopsias realizadas a los cadáveres para decidir si se inhibe al juzgado de Violencia sobre la Mujer.
De otro lado, fuentes de la Subdelegación del Gobierno informaron ayer de que Brasil no cubre los gastos de repatriación del cadáver de Ana Lucía Da Silva y de que Cecosam (Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba) se haría cargo del entierro en Córdoba en caso de que la familia no tenga recursos. Por lo tanto, y según precisaron, si desea repatriar el cuerpo tendría que recurrir a la solidaridad ciudadana. Hay que recordar que la hermana de la víctima, Priscila Da Silva, ha expresado el deseo de pedir ayuda para trasladar los restos de Ana Lucía a su país.
El Observatorio Contra la Violencia de Género informó ayer de que Córdoba registró en el primer trimestre del año 422 denuncias por este motivo, frente a las 435 formalizadas en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un leve descenso.
