La Asociación contra el Acoso Escolar, que funciona a nivel estatal, se mostró ayer muy crítica con la respuesta que se está dando a los casos de bullying en los centros escolares andaluces, y, en concreto, en el colegio San Acisclo y Santa Victoria de Córdoba, donde unos padres han denunciado el acoso sufrido por su hija de nueve años. Según su presidenta, Encarna García, que ayer se puso en contacto con la dirección del centro, del que dijo que «se limitaron a tirar balones fuera», el protocolo «no funciona y lo único que se está haciendo es dilatar la respuesta a las situaciones de acoso que sabemos que se están dando en los colegios, mientras los menores siguen sufriendo, muchas veces, sin quejarse siquiera». Mientras el Observatorio contra el Acoso Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, va camino de cumplir una década inactivo, según García, «cuando se produce un caso de bullying es necesario iniciar un proceso de acción-reacción que se traduzca en la adopción de medidas inmediatas para atajar los casos sin dilación», si bien, lo que se está haciendo, en su opinión, es «decir a los afectados que se ha activado el protocolo pero no se toman medidas disciplinarias, cuando de lo que se trata es de ayudar a las víctimas y castigar a los acosadores».
La presidenta de la entidad reaccionaba así ante el caso de bullying denunciado por los padres de una niña alumna del colegio concertado ubicado en el barrio del Naranjo San Acisclo y Santa Victoria, que se quejan de que ni el centro ni la inspección educativa han tomado medidas explícitas para evitar el acoso y reclaman un cambio de colegio. Los padres de la menor, como publicó ayer este periódico, han denunciado el caso ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional a petición de la Delegación de Educación, que considera que «no hay indicios de acoso escolar», al tiempo que derivan a los padres a acudir a la Policía porque aunque víctima y acosadora son alumnas del mismo centro y compañeras de clase, los wassaps aportados como prueba de las amenazas «se producen fuera del centro y en una red social». Cabe recordar que los mensajes aportados incluyen insultos y amenazas proferidas por una menor a otra después de que la víctima no contestara al teléfono. Según la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, el centro en cuestión «puso en marcha el protocolo inmediatamente cuando tuvo conocimiento del caso, pero las conclusiones no han arrojado en principio que haya acoso» y asegura que «la niña tiene buena relación con sus compañeros». En todo caso, indica que «esto no está cerrado y se mantiene la mirada para hacer el seguimiento a la alumna y a la/s posible/s acosadora/s». La asociación, por su parte, critica que la Delegación de Educación llame a los padres a acudir a la Policía ante un caso de estas características, «ya que por mucho que se usen redes sociales o el móvil para practicar el acoso, las víctimas son escolares y es desde el ámbito educativo desde donde se tienen que arbitrar las medidas correspondientes».
Hace unos días, Amnistía Internacional hacía público un informe sobre bullying y denunciaba públicamente la invisibilidad de los «miles de casos de acoso escolar que permanecen ocultos en España como resultado de los errores en la recogida de datos por parte de la Administración, porque no se identifica bien lo que pasa o porque las medidas para atajarlo no están funcionando». Basándose en testimonios de profesores, que afirman que «quien niegue el acoso es porque no está implicado o no quiere verlo», la entidad reclama «un sistema de denuncias complementario al actual, que sea anónimo y accesible a los adolescentes».
