Unión Cordobesa no concurrirá a las elecciones municipales

Unión Cordobesa no concurrirá a las elecciones municipales del 2019 y emprenderá el camino hacia su disolución como formación política en los próximos meses. Esto es lo que podría anunciar hoy el único edil de UCOR en el Ayuntamiento, Rafael Carlos Serrano. El partido fue creado en 2010 por el empresario Rafael Gómez, que tras su éxito en los comicios locales se planteó incluso dar el salto a la política autonómica. Con la marca UCOR, el popular cordobés se presentó por primera vez a las elecciones municipales de mayo del 2011 y arrasó en Córdoba, después de una apoteósica campaña, que rompió todos los esquemas. Con 24.805 votos logró ser la segunda fuerza más votada, solo por detrás del PP, que obtuvo la Alcaldía con mayoría absoluta. Con aquel resultado, UCOR logró sentar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba nada menos que a cinco concejales: Rafael Gómez, Juan Miguel Alburquerque, Aurora Aguilar, María José López de la Bastida y Carlos Baquerín, que además fue --junto con Gómez- diputado provincial. Aquel mandato, donde gobernó José Antonio Nieto (PP), el grupo de UCOR protagonizó numerosos conflictos y escándalos provocados por las desavenencias, que se hicieron públicas pronto, entre los miembros del grupo. Baquerín, el concejal díscolo de la formación, llegó incluso a denunciar a Gómez, aunque la Fiscalía archivó el asunto.

En 2015, UCOR volvió a concurrir a las municipales, pero en aquella ocasión solo logró 15.000 votos y un concejal. Gómez renunció a su acta, siendo sucedido por Rafael Carlos Serrano, sobrino del empresario y prácticamente la única cara visible que ha tenido el partido durante estos años. La sensatez y trabajo de Serrano Haro lo han hecho merecedor del respeto del resto de grupos, y durante este mandato, en contraste con el anterior, son muchas las propuestas que han logrado el apoyo de la Corporación.

El ingreso en prisión de Gómez, en diciembre del 2017, para cumplir una condena de cinco años y tres meses por dos delitos contra la Hacienda Pública, y el hecho de que el empresario disfrute ahora del tercer grado habrían precipitado este final. El hecho de que una campaña pudiera afectar negativamente a su condición procesal ha sido una de las causas determinantes para que se tomara la decisión.