Un informe encargado por la Fiscalía que lleva el caso sobre el presunto uso fraudulento de las subvenciones recibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro ha desvelado "la falta de control de los fondos públicos empleados" en las entidades relacionadas con esta fundación.
El estudio, en sus conclusiones, indica que tras el análisis de las cantidades percibidas, "la escasa información contable que aporta, se puede concluir en primer lugar, la falta total de diligencia en la gestión de las entidades, no llevándose a cabo una de las obligaciones establecidas en la legislación reguladora de estas entidades sin ánimo de lucro".
Asimismo, afirma el informe pericial que "la falta de control de los fondos públicos empleados" y la "dejadez en las gestiones denotan que, o no se recoge todos por una falta total de la debida diligencia de un gestor de este tipo de fondos o que deliberadamente se omite la información". Este segundo aspecto, según los redactores del trabajo, se respalda en que las bases reguladoras de las ayudas concedidas por la Junta para la contratación de personas desempleadas exigía la certificación del asiento contable de los abonos de las subvenciones.
Para poder desarrollar esta prueba pericial, explican los autores del informe, "de las tres entidades, exclusivamente se ha aportado la contabilidad de los ejercicios 2015 y 2016, de la Fundación Guadalquivir Futuro. Ha sido el análisis de la misma por lo que se ha podido llegar a conclusiones basadas en el examen y comparación contable".
En relación a la fundación, cita expresamente el trabajo que "junto a las irregularidades" que se han detectado, "es notorio y llamativo, por se superfluo, el elevadísimo saldo que tiene la cuenta en caja".
Se recoge el informe que al cierre del ejercicio del 2015, había en caja la cantidad de 27.655, 54 euros y un año después el saldo era de 22.999,83.
Esos importes, a juicio de los analistas "no se concibe que estén a lo largo del ejercicio en una caja depositada en la sede, no hay un control efectivo sobre esos fondos y el riesgo de distraerse de la caja es muy elevad. De hecho no existe la certeza de que los mismos estén en la realidad". Cree el autor del dossier que "es innecesario disponer de tanto efectivo cuando no es un negocio abierto al público que se dedique a la venta".
Otro aspecto que se detecta es que se efectúan "muchos pagos en efectivo de importes elevados, incumpliéndose de forma reiterada la limitación establecida en la normativa financiera en materia de pagos en efectivo". En concreto, se establece que no podrán pagarse en efectivo operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros. Se considera "inusual y hasta arcaico" efectuar "el pago de las nóminas en efectivo y no vía transferencia bancaria", esa formula es considerada engorrosa y además "no queda constancia fehaciente de su efectivo abono y cantidad".
Por lo tanto, como conclusión final, el informe encargada por la Fiscalía recoge que "no se puede concluir que las cantidades recibidas hayan sido empleadas para el fin por el que se recibieron" y que "queda de forma latente en varios puntos que la gestión no ha sido llevada a cabo con la diligencia debida y, concretamente, el uso o abuso, se podría decir, de la caja denotan la falta de control y pone de manifiesto que esos fondos no están debidamente justificados".
