Vecinos de Cañero se están encontrando con muchas trabas con motivo de la aplicación de la nueva normativa derivada de la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que exige que se tomen determinadas medidas en las zonas consideradas inundables y que, como adelantó este periódico, afecta a un tercio de las edificaciones de Córdoba. Uno de ellos, cansado ya, ha manifestado públicamente su queja colocando un cartel en la plaza en el que denuncia la situación y la falta de un plan municipal de emergencia. «Cañero inundable y sin plan municipal de emergencia» es lo que se puede leer en la pancarta colocada por un vecino a título particular pero que recoge el sentir de otros afectados en este y en otros barrios.

Javier Perea lleva desde principios del año pasado esperando licencia para construir una vivienda en el solar que dejó vacío el inmueble que ya ha derribado en Pintor Muñoz Lucena tras recibir permiso para ello. «En junio, cuando tiré la casa, me enteré de la traba de que estoy en zona inundable», explica, lo que lo obliga a realizar una declaración responsable con la que reconoce esa inundabilidad y a ir al Registro de la Propiedad para inscribir la vivienda como inmueble que se encuentra en zona con riesgo de anegación. A esto se une que debe «elevar la cota un metro y eso conlleva la construcción de escalones» cuando él tiene problemas de movilidad reducida.

En la misma calle quiere construirse una casa Eva María Morales, que pidió en febrero del 2017 el permiso de derribo y después el de edificación. El primero ya lo tiene pero el segundo no. La peculiaridad de su casa es, según explica, que atendiendo «a la foto que me mandan en los informes técnicos con sus coordenadas, en esta no hay agua», es decir, está en un espacio no inundable. Eva también debe realizar la declaración responsable e ir al Registro de la Propiedad para dejar constancia de la inundabilidad, trámite que no comparte.

Ambos han expuesto su situación a la presidenta de la asociación de vecinos Cañero Nuevo, Mercedes López, que los ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Federación Al-Zahara. Ayer mismo mantuvieron una reunión con el abogado. Mercedes López asegura que en estos momentos están estudiando el problema para intentar buscar soluciones.

Un arquitecto consultado, que prefiere mantenerse en el anonimato, opina que «la aplicación de la ley está perjudicando a la ciudad porque se ve que la intención es que, en caso de inundación, el Estado no tenga que indemnizar a los ciudadanos que estén en zona inundable». Este arquitecto, que explica que el riesgo de Cañero es de una inundación cada 500 años, considera que debe haber otras medidas en suelo urbano consolidado y un plan de emergencia municipal, ya que la normativa afecta a todo, a lo edificado y a los espacios libres.