Que una parcelación consiga tener aprobado de forma definitiva su proyecto de urbanización es un logro. Eso quiere decir que ha superado un sinfín de trámites y que sus casas pueden obtener el documento que las convierte en legales, la licencia de primera ocupación. Eso significa que previamente ha recibido el visto bueno a su proyecto de reparcelación, otro paso imprescindible para sacar del limbo de la ilegalidad a todas sus parcelas, que dejan de ser rústicas para convertirse en urbanas. Todo eso ha logrado ya Cuevas de Altázar, un núcleo de la zona de Villarrubia que empezó a levantarse en los años setenta, que aparece reconocido en el PGOU de 1986 y que en el vigente está considerado como suelo urbano consolidado, por lo que es de los que tenían más fácil alcanzar la regularización. Como ella hay otras parcelaciones que llevan años intentado legalizarse y obtener los servicios de los que carecen y aún no han corrido la misma suerte. La legalización de Cuevas de Altázar puede ser para ellas un revulsivo para seguir adelante, pero hay tanto trámite que superar que tampoco es raro que la esperanza se transforme en desánimo.

¿Y ahora qué?

Cuevas de Altázar cuenta con 450 parcelas y unas 500 viviendas en las que viven unas 2.000 personas que tienen gran parte de los servicios básicos pero no todos (posee luz pero le falta culminar la red de agua y alcantarillado) ni todas. Hay una treintena con las redes cerca pero sin enganches, que serán las primeras en beneficiarse de la legalización. Para llegar hasta aquí ha necesitado como mínimo quince años, ya que el primer visto bueno a su plan parcial se produjo en el 2004 (en 1991 aprobaron otro, que fue tumbado en el juzgado y el proceso se paralizó). Ahora su mayor preocupación es iniciar las obras de urbanización que le permitirán tener los servicios que le faltan. La intención de su junta de compensación, transmitida por su presidente, Juan Manuel León Gallego, es hacer las obras por fases. El primer obstáculo al que se van a enfrentar es la aportación de un aval del 7% de las obras, presupuestadas en 3,3 millones de euros, que se suman a los casi 2 millones gastados hasta ahora en la regularización. Su idea es negociar con Urbanismo para conseguir las máximas facilidades. El consejo rector acordó el miércoles estudiar si es posible fraccionar el abono de los avales. Uno de los problemas que se va a encontrar es que una de las condiciones impuestas por Urbanismo es que no recepcionará la primera fase, ni la puesta en servicio de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento incluidas en la reforma de la LOUA del 2016, hasta que la junta de compensación se constituya en entidad de conservación, abone las cantidades del plan de infraestructuras y ejecute la fase segunda o garantice su coste. Mientras no estén recepcionadas las obras, no habrá licencias de primera ocupación. Por tanto, no tiene por delante un camino de rosas.

El arquitecto José Moreno, que ha llevado el proceso de Cuevas de Altázar, explica que «la licencia de primera ocupación es la que otorga la legalidad a las casas» y tendrán que pedirla sus propietarios como paso previo para que las compañías suministradoras les den servicios una vez ejecutadas las obras de urbanización. El presidente de la junta de compensación mostraba esta semana su satisfacción por llegar a este punto que les da derechos que llevan años reivindicando.

El Alamillo y otras

Pisándole los talones están El Alamillo y otras parcelaciones. Hay más de quince con 3.900 casas, con juntas de compensación constituidas y proyectos de reparcelación y urbanización iniciados, que siguen sus pasos. El Alamillo está junto a Cuevas de Altázar y cuenta con 180 viviendas, que tienen origen en los noventa, con luz, a las que les falta agua y alcantarillado. Desde hace diez años El Alamillo persigue la legalización. El presidente de su junta de compensación, Manuel Pino, explica que tiene el proyecto de reparcelación aprobado de forma inicial y trabaja en la actualización de las parcelas en el Registro de la Propiedad para adelantar trámites. Paralelamente, buscan presupuesto para las obras de urbanización y estudian la posibilidad de acogerse al adelanto de servicios que permite la reforma de la LOUA de este año. El problema es que no todas las casas tienen las redes cerca.

Otro caso es el de Barquera Norte, que iba a ser la primera del PGOU actual en regularizarse, pero que se quedó estancada y sigue pendiente del proyecto de reparcelación, ya que el primero fue anulado. Es uno de los ejemplos de divergencias dentro de una parcelación.

Torreblanca tiene 400 parcelas y 300 viviendas (a las que les falta agua y saneamiento), está a la espera de la aprobación de la modificación del plan parcial, tiene presentados los proyectos de reparcelación y urbanización (aprobado inicialmente en el 2009, por lo que hay que actualizarlo), y trabaja en el adelanto de servicios que permite la última reforma de la LOUA. Su presidente, Manuel Sánchez, que, a su vez, preside Alamiriya, insiste en la necesidad de una oficina de parcelaciones y no oculta su desencanto ante un proceso que se eterniza.

Las otras

Estas son solo una muestra de lo que hay. El PGOU reconoce más de medio centenar de parcelaciones en suelo urbano o urbanizable con más de 6.000 viviendas regularizables, pero hay más de 4.400 casas en suelo no urbanizable que solo pueden optar a un reconocimiento mediante la figura del AFO (que permite el adelanto de servicios) o sumándose al PGOU. El problema es que la mayoría están en terrenos protegidos o con riesgos. La semana pasada, a instancias del Consejo del Movimiento Ciudadano, el Pleno aprobó iniciar en el 2019 la revisión del PGOU para incorporar algunas y eliminar la protección donde sea posible. Tarea compleja.