La coordinadora autonómica de El Defensor del Profesor en Andalucía, Mª Ángeles Guzmán de Quero, presentó ayer el Informe del Defensor del Profesor elaborado por el sindicato ANPE, que señala que el curso pasado Córdoba fue junto con Jaén una de las provincias que recibió menos denuncias por ataques de algún tipo hacia docentes por parte de alumnos, padres o miembros de la dirección de los centros de enseñanza. En el otro extremo, se sitúa Málaga, con una incidencia sensiblemente superior a la media autonómica.

Según fuentes de ANPE en Córdoba, a lo largo del curso pasado «el Defensor del Profesor registró multitud de llamadas por diversos temas, como pueden ser problemas para dar clase por indisciplina de los alumnos, problemas con el equipo directivo con la administración educativa y otros conflictos», sin embargo, durante el año solo se elevaron a la categoría grave ocho de los casos notificados. El sindicato indica que el número es inferior al de años anteriores, si bien considera que hay más casos, si bien «el miedo y la apatía hace que muchos docentes no denuncien».

Entre los ocho casos graves, figuran dos casos de amenazas por parte de padres y madre hacia maestros, tres casos de insultos graves de parte de alumnos de Secundaria a profesores, un caso de posible bullying dirigido hacia un docente por algún miembro de un equipo directivo, otro caso de desperfectos al vehículo de un profesor y un caso más de insultos y puesta en tela de juicio de la labor de un docente a través del grupo de whatsapp de padres y madres.

El informe del Defensor del Profesor refleja además que un 52% de los casos denunciados en Andalucía se han producido en la etapa de Educación Infantil y Primaria, un 36% en Educación Secundaria y Bachillerato y un 12% en EF, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas e Idiomas. En cuanto al motivo que está en el origen del conflicto, el 43% de los casos atendidos se relaciona con situaciones ocurridas con el alumnado, el 27% con las familias y el 30% con otros docentes, en especial, miembros de equipos directivos y con la administración educativa. Para combatir estos problemas de convivencia, ANPE y el Defensor del Profesor demandan «más dotación de recursos», tanto en «formación del profesorado en resolución de conflictos como en la atención al alumnado que presenta mayores necesidades educativas en los centros escolares».