Después de varias semanas de parálisis, la actividad ha vuelto, a paso lento, al mercado inmobiliario y las notarías, que vivieron ayer el primer día de firma de hipotecas tras la entrada en vigor del decreto que traslada el pago del impuesto de actos jurídicos documentados a los bancos. Un primer día que confirma que el mercado inmobiliario se mueve sobre arenas movedizas y sigue sin recuperar la alegría en las operaciones de compra venta. «El dinero es muy miedica», ha indicado Miguel Muñoz, gerente de Muñoz Egea Consultores, «y la sentencia del Supremo ha empeorado una situación que arrastramos desde septiembre, con el cambio de gobierno». Juan Pedrajas, gerente de la agencia Hogarly, coincide en el diagnóstico. «Venimos de un verano que ha sido muy bueno, algo inusual en Córdoba, en el que ha habido muchas operaciones de inversión que se paralizaron con el relevo en el Gobierno central, la sentencia del Supremo ha paralizado aún más el mercado y aún no sabemos está por ver qué van a hacer los bancos».

Mientras los usuarios están «a verlas venir», los bancos ya están tomando las primeras medidas. Según Muñoz Egea, «algunas entidades ya nos han confirmado el incremento del 0,10% en el diferencial sobre el euríbor» mientras otras «han decidido esperar, y tenemos operaciones para la semana que viene que se firmarán con las condiciones negociadas aunque el banco asuma el coste del impuesto».

La jornada de ayer en las notarías no se vio alterada por la entrada en vigor del decreto. Según el notario cordobés Rafael Díaz Vieito, «se han firmado las operaciones que estaban previstas y los bancos han asumido el coste con las condiciones negociadas de antes», ha explicado. En este momento, «no cabe otra posibilidad» que asumir el pago del impuesto en las hipotecas pactadas, como deberán hacerlo en las que se firmaron en el periodo comprendido entre la primera sentencia del Supremo y la decisión final. «Las operaciones que se firmaron, incluían una cláusula en la que ambas partes acordaron que el pago del impuesto quedaría pendiente de la decisión del Pleno del TS. La sensación general de Díaz Vieito coincide con la del sector inmobiliario. «Yo diría que se ha producido una cierta ralentización, un parón de la actividad inmobiliaria respecto a meses anteriores, aunque es pronto para ver el impacto real que tendrá en el mercado una medida como esta y cómo van a actuar los bancos».

EL IMPUESTO // Cabe señalar que el coste del impuesto representa el 1,5% del importe de la hipoteca para los compradores mayores de 35 años y el 0,3% para menores de 35 que adquieran su primera vivienda, siempre que el precio no sea superior a los 130.000 euros (en cuyo caso, se aplica el 1,5%). De esta forma, en una hipoteca de 100.000 euros, el impuesto ascendería a 1.500 euros. Si el banco aumenta el interés un 0,1% en una hipoteca del mismo importe a 30 años, el precio se incrementaría 1.800 euros. El decreto plantea además una controversia. Y es que las cajas rurales y cooperativas de crédito tienen una exención histórica de dicho impuesto, que el decreto mantiene. En estos casos, ni el usuario ni el banco pagaría el impuesto, algo que podría suponer «un agravio comparativo con el resto de bancos».

En cuanto a las asociaciones de consumidores, Adicae dijo ayer que «aún es pronto para valorar el impacto de la medida» mientras Facua se apresuró a enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando «que vigile la posible subida del precio de las hipotecas» en respuesta al decreto. Asimismo, advierte de que el importe, por su cuantía, «se absorbería con un leve aumento del tipo de interés del préstamo».