Córdoba lleva años soñando con un medio de transporte más sostenible. En ese deambular, se ha pasado de proyectar un tranvía que iba a circular por la Ribera, a proponer un metrotrén y, al final, se ha acabado teniendo un cercanías que, en realidad, está considerado como servicio de media distancia y que completa al que se presta desde 1996 en Rabanales.

Siendo alcalde Herminio Trigo (IU), se pensaba en el tranvía. Después, en el 2003, el expresidente de Urbanismo José Mellado (PSOE) propuso un tranvía o metro ligero. En el 2008, el entonces presidente de Urbanismo, Andrés Ocaña (IU), y la alcaldesa en ese momento, Rosa Aguilar, presentaron un estudio para un tranvía, que necesitaba una inversión de 418 millones y que en un principio apoyó la Junta, pero que en el 2011 quedó aparcado. Entonces la crisis se agudizaba y el PP, con José Antonio Nieto como alcalde, se inclinaba por el cercanías, que, además, aparece en el plan de ordenación de la aglomeración urbana de Córdoba y que estuvo muy presente en la campaña de las municipales de entonces (IU lo incluía en su programa).

La sorpresa llegó en marzo del 2012, cuando Nieto presentó el proyecto de metrotrén entre Alcolea y Villarrubia, aprovechando las paradas existentes y sumándole dos más por construir, las del Parque Joyero y avenida de la Igualdad. La iniciativa estaba muy ligada al centro de convenciones del Parque Joyero, idea planteada ese por Nieto tras desechar el Palacio del Sur.

Tras llegar a la Alcaldía, Isabel Ambrosio (PSOE) convocó un grupo de trabajo, presidido por el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, para determinar si seguir o no con el metrotrén. La comisión emitió en febrero del 2016 su dictamen y pidió un cercanías entre Alcolea y Villarrubia, que en una segunda fase debe extenderse a la provincia. El servicio mantenía la filosofía del metrotrén y debía haber echado a andar aquel año. El Ayuntamiento desde entonces ha trabajado en poner en marcha el tren e incluso estaba dispuesto a sufragar el coste de explotación, en el que iba a participar la Junta, pero no ha hecho falta al ser declarado servicio público por el anterior Gobierno. Tras ello, Ayuntamiento y nuevo Gobierno han dado el impulso final.