La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha dejado visto para sentencia el juicio contra el exgerente de Mantenimiento de Adif en Córdoba, Enrique Finch, que ha sido juzgado por los delitos de cohecho y falsedad documental, por obstaculizar la licencia de una obra en un polígono de Andújar (Jaén) a cambio de recibir 180.000 euros y falsedad en documento público por falsificar una carta demandando dicha cuantía para dar credibilidad a sus exigencias económicas.

El jurado considera culpable al acusado, porque, unánimemente, todos los miembros del tribunal consideran probados los hechos de que se le acusan de haber entorpecido la tramitación de las licencias que tiene que conceder Adif para poder acometer las obras correspondientes, pues dichas licencias dependían de su beneplácito, con la finalidad de conseguir un beneficio económico particular. Además, consideran el tribunal que se ha demostrado que en varias reuniones solicitó dicha cantidad, garantizando que una vez que la recibiera se resolvería en asunto. Para tal confirmación, el jurado ha dado por buenas las declaraciones de varios testigos, entre ellos un detective, su colaborador y un empresario que se ofreció a mediar y que fue al que el acusado hizo la oferta.

Asimismo, el jurado cree suficientemente acreditado que Finch falsificó una carta reclamando unos avales al constructor (que nunca recibió dicha misiva), poniendo el membrete de Adif y cambiándole la fecha, para dar verosimilitud a su petición económica.

Por tales motivos el jurado considera al acusado "por unanimidad", culpable de los hechos por los que ha sido juzgado.

La Fiscalía mantiene su petición de pena de 4 años por falsedad y 400.000 euros por el delito de cohecho.

Por su parte, la acusación particular reclama en concepto de responsabilidad civil 2,8 millones de euros por la devaluación que ha sufrido el polígono en este tiempo.

El abogado de Adif mantiene su postura respecto a que no está demostrada que la demora haya sido causada por Adif y tampoco comparte la valoración hecha por los peritos de la acusación.

Por su parte, el abogado de la defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia de ser finalmente condenado su cliente y pidió que en caso de ser condenado se aplique la mínima condena posible que serían 3 años de prisión y 150.000 euros de multa, así como el menor periodo legal de inhabilitación.