La pensión media que reciben los cordobeses continúa siendo de las más bajas de España. Según los datos a 1 de agosto hechos públicos ayer por el Ministerio de Trabajo, los pensionistas ingresan una media de 788,31 euros al mes, una cifra que sitúa a Córdoba como la sexta provincia española en la que menos cobran, solo por detrás de Ourense (698,89 euros), Lugo (719,57), Almería (774,32), Jaén (785,51) y Cáceres (785,77). De este modo, se advierte que los cordobeses son los terceros de Andalucía con la prestación más baja.

La cuantía que reciben los pensionistas en Córdoba está 148,11 euros por debajo de la media española, que se sitúa en los 956,42 euros. Igualmente, disponen de 68,82 euros menos al mes que la mayoría de los andaluces, cuya pensión media es de 857,13 euros.

En Córdoba hay 170.388 personas que reciben una pensión, de las que la mayoría, un total de 102.866, son por jubilación. Su cuantía es de 902,14 euros de media. Lejos queda el importe de la prestación por viudedad, que es de 588,23 euros, o de orfandad, con 369,72 euros. Por encima se sitúa la pensión por incapacidad permanente, que afecta a 15.310 personas en la provincia con una asignación de 814,44 euros mensuales.

Los jubilados continúan en pie de guerra y ayer volvieron a salir a la calle en Bilbao para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros y pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que les tenga muy presentes ahora que se aproxima la decisión sobre el techo de gasto para los Presupuestos de 2019. En Córdoba, miles de pensionistas participaron en los meses de marzo y abril de las protestas convocadas por este colectivo y por los sindicatos a nivel nacional.

Los más de 170.000 pensionistas cordobeses cobraron el pasado mes de julio, junto a su paga extra y su pensión habitual con el incremento ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado, más de 21 millones de euros en concepto de atrasos, a cuenta de dicha subida de sus pensiones y con carácter retroactivo desde enero.

El resultado es que los pensionistas cobrarán desde ahora un tres por ciento más, en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, y un 1,6 por ciento más para las pensiones contributivas, mientras que para las pensiones de viudedad el incremento viene de la mano de la modificación de la base reguladora, que pasa del 52 al 56 por ciento.