Al arrendatario de la nave de Las Quemadas empleada, según la investigación de la Guardia Civil, como concesionario pantalla para el blanqueo del narcotráfico no le sorprende la noticia, pero sí que tenga que volver a dar explicaciones tres meses después de que acudieran a su nave en busca de pruebas. «Yo solo tenía cedidos 300 metros para exposición» a dos de los investigados en la operación Carrus, señaló ayer a primera hora de la mañana a este periódico. Uno de ellos, que trabajaba con él «hacía un año» está en libertad sin cargos; el otro, «que antes tenía naves en el polígono» y que llevaba solo unos meses subarrendado en su instalación de Las Quemadas, fue detenido pero puesto en libertad con cargos. De hecho, sostiene que el lunes irán a trabajar --eso cree-- como han hecho desde que en mayo fueran visitados por la Guardia Civil. «Llevo treinta años en el sector y nada tengo que ver con esto. Solo tengo cedido el concesionario y cambio filtros, chapa...», explica con la tranquilidad del que ha sido desvinculado desde primera hora de una operación de esta envergadura. Pero no solo lo dice él, ayer, la unidad que cerró uno de los golpes más importantes al blanqueo del narco de los últimos años lo confirmó a este periódico. Esta es la única vinculación que tiene con la operación. Sin embargo, lo que parecía ser una simple transacción con narcotraficantes desde Córdoba por un par de coches de lujo, finalmente, acabó destapando toda una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, principalmente hachís. Desde dicha sociedad importaban vehículos desde Alemania, que eran usados por los narcotraficantes del Estrecho, quienes ocultaban su compra a través de estas sociedades pantalla con las que no mantenían vinculos directos.