Reivindicar a las mujeres, que no solo fueron represaliadas, perseguidas y vejadas, sino ninguneadas por la historia y negadas, en un principio, en su papel de luchadoras y víctimas». Así resumió ayer el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, la motivación del estudio Mujeres cordobesas represaliadas durante la Guerra Civil y la Postguerra (1936-1950), elaborado por la investigadora Laura Ruiz para la Fundación por el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, vinculada a UGT.

Junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, el titular de Cultura apeló a la importancia de recuperar la memoria histórica desde una perspectiva de género», al tiempo que mostró el compromiso de la Junta de cumplir el objetivo marcado por la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía cuando llama a «impulsar la investigación y, en especial, la que tiene a la mujer como protagonista», ignorada por muchos historiadores durante años.

Por su parte, Castilla dijo que el estudio «no pretende abrir heridas» aunque sí arrojar luz sobre el papel que jugaron miles de mujeres andaluzas tras el golpe de estado que derivó en Guerra Civil y durante la Dictadura posterior. La secretaria general valoró positivamente el impulso de la Junta a la recuperación histórica gracias a una ley autonómica «pionera», insistió, si bien se mostró muy crítica con la ley estatal «que no ha tenido ningún tipo de acompañamiento presupuestario, con lo cual, no sirve para nada». También agradeció a la Junta que se haya reconocido el día 14 de junio como Día de la Memoria Histórica de Andalucía. «No todos tuvimos la culpa», dijo, «y por eso es necesario aplicar el principio de justicia y reparación y que se conozca la historia». En cuanto a las mujeres, recordó que las víctimas de represalias durante el periodo de estudio sufrieron una «doble discriminación», por un lado la que ejerció la Dictadura por su activismo político y, por otro, porque «muchos de los avances de igualdad de la época republicana se perdieron en el franquismo».

Laura Ortiz ha revisado 133 expedientes de mujeres represaliadas y juzgadas por ello, para lo que ha tenido que digitalizar más de 7.000 documentos, explicó Ortiz, que aclaró que «en el caso Gürtel había 1.300», para mostrar la dimensión del trabajo.