Constructores, arquitectos y aparejadores se reunieron ayer para analizar la propuesta de ordenanza municipal presentada por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, al presidente de CECO, Antonio Díaz y, tras evaluarla, reclamaron más seguridad en los procesos urbanísticos. La «inseguridad jurídica de la declaración responsable y las dificultades para la agilización de las licencias» centraron la reunión de los representantes de los colegios de Arquitectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor).
Tras la reunión, y a través de una nota, estos tres colectivos expusieron que «las deficiencias en los planes de inspección, atribuciones de los inspectores y régimen sancionador provocan una clara inseguridad jurídica a la hora de la aplicación de la declaración responsable». Constructores, arquitectos y aparejadores piensan que «esta inseguridad jurídica provoca incertidumbre en las obras y procesos urbanísticos, tanto a los profesionales como a las empresas», por lo que es «urgente subsanarla», ya que «afecta a los ciudadanos y técnicos en la seguridad y cobertura legal de sus negocios». Por ello, quieren que la nueva ordenanza que elabore el Ayuntamiento de Córdoba, que incluirá la presentada por la alcaldesa y la que encargó Urbanismo (que estos colectivos desconocen aún) corrija las carencias denunciadas.
Durante el encuentro, y en relación a la agilización de las licencias, los tres colectivos han advertido de que «mientras los técnicos de las empresas contratadas (y que están profesionalmente capacitados) no tengan capacidad jurídica para agilizar los procesos, que son responsabilidad única de los técnicos municipales (funcionarios) será muy difícil esa agilización». Por ello, los participantes en el encuentro de ayer estiman que debe reformarse la LOUA «con la mayor rapidez posible».
