La Junta ya ha tomado una determinación en relación al incendio de la planta de valorización de reciclaje Recicor XXI, que pertenece al Grupo Barea. La Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ha decidido sancionar a la empresa con 30.000 euros, según consta en las conclusiones del expediente administrativo abierto como consecuencia del incendio que tardó varios días en extinguirse y que trajo de cabeza a Ayuntamiento y Junta. Según fuentes de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la resolución indica que «se impone a la empresa responsable una multa pecuniaria por importe de 30.001 euros» por «la comisión de dos infracciones administrativas, una de ellas por incumplimiento de los condicionantes impuestos en la Autorización Ambiental Integrada y otra por incurrir en demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por la Administración en el ejercicio de sus funciones». La empresa tiene la Autorización Ambiental Integrada para la gestión de residuos de construcción y demolición, así como para el tratamiento en planta y vertedero, desde el año 2009. Después, en el 2013, la empresa logró otra.

Medio Ambiente impone a la empresa también la obligación de mantener «el cese de la actividad de vertido en la celda incendiada permitiéndose únicamente la adopción de las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar una reactivación del fuego». Este periódico intento ayer, sin éxito, conocer la valoración de la empresa y el estado en el que se encuentra el procedimiento abierto en Urbanismo.

El incendio de la planta se produjo el 8 de octubre del año pasado y tardó cuatro días en extinguirse. Tras las investigación llevada a cabo, la Guardia Civil concluyó que el fuego no fue intencionado. Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) del Ayuntamiento, en su informe, concluyó que Recicor carecía de plan de autoprotección, de licencia de actividad y de condiciones de seguridad. Según el SEIS, el incendio quemó 25.000 metros cúbicos de balas de plástico. A esto se une que Urbanismo dio un ultimátum a la planta situada en la carretera de Guadalcázar para que regularizara su situación, obligándola a suspender cautelarmente su actividad al considerar que excedía la licencia de apertura concedida el 24 de mayo del 2010. Urbanismo daba un plazo de dos meses a la empresa para la legalización. De hecho, la empresa inició los trámites presentando en Urbanismo un proyecto de actuación para poder obtener la licencia que necesita. Mientras se resolvía ese procedimiento, la planta paralizó su actividad.

El incendio enfrentó en su día al área de Seguridad del Ayuntamiento con la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. El delegado de Medio Ambiente, Francisco Algar, llegó a cuestionar el informe del SEIS y avisó de que valorar los incumplimientos de la planta en relación a la autorización ambiental corresponde a la Junta. Por su parte, el responsable de Seguridad en el Ayuntamiento, Emilio Aumente, le sugirió que «hablemos menos y trabajemos más» y le animó a colaborar y a presentar otro informe que contrastara los datos del SEIS. La Junta, que se mostró dispuesta a cooperar, dio a conocer en enero el inicio del procedimiento sancionador a la empresa al detectar incumplimientos en la Autorización Ambiental Integrada. Entre los incumplimientos detectados por la Junta, estaban el depósito de plásticos autorizados en la planta en zonas aún no habilitadas para ello y el almacenamiento de residuos más allá del 26 de mayo del 2017, que era la fecha límite permitida.