El Ayuntamiento tiene dos documentos sobre la mesa para llevar a cabo una ordenanza que agilice los trámites urbanísticos. Por un lado, está la ordenanza destinada al impulso del desarrollo económico elaborada por el Imdeec. Por otro, hay un borrador de una ordenanza sobre comunicaciones y declaraciones responsables, al que ha tenido acceso este periódico, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la UCO, Manuel Rebollo, para Urbanismo.

La filosofía de la ordenanza de Urbanismo es «la máxima simplificación administrativa», como indica su propio preámbulo, presentando la mínima documentación posible y dando un mayor protagonismo al control posterior de la actividad por parte del Ayuntamiento. La idea es cumplir lo que marca la normativa pero sin ser más exigente de lo estrictamente necesario y sin pedir más documentos.

Entre las novedades está que distingue entre las actividades que necesitan una declaración responsable o comunicación (lo que antes era una licencia de actividad y que serán solo las que marca la normativa y ninguna más) y las que no precisan nada, y permiten «el libre acceso», es decir, «el inicio de las actividades sin ninguna carga formal o burocrática previa y, por tanto, sin ningún control administrativo previo» -que llegará en una fase posterior-. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en una peluquería de caballeros o en una zapatería, cuya «potencialidad lesiva es remota y pequeña».

El autor de la ordenanza, Manuel Rebollo, explica que «todo lo que no necesite declaración responsable o comunicación previa estará libre» y no precisará «nada». Aunque indica que esa circunstancia ya se desprende de la legislación existente, esta ordenanza la recoge, ya que ni el Ayuntamiento de Córdoba «ni otros la aplican». Su opinión es que no hace falta la declaración de «actividades inocuas».

Las declaraciones y las comunicaciones se presentarán antes o el mismo día que empiece la actividad. Habrá un proceso de «verificación documental», una comisión de sugerencias y reclamaciones para las denuncias ciudadanas y Urbanismo contará con los instrumentos «más drásticos» o los más «suaves» para hacer cumplir la normativa. En cuanto a sanciones, da posibilidad de terminar el procedimiento si quien incumpla asume la responsabilidad y paga de forma voluntaria o si llega a un acuerdo con el instructor. Además, no podrá ser sancionado quien haga una consulta a Urbanismo y atienda las instrucciones dadas. También se permitirá la colaboración de «empleados públicos no funcionarios y de entidades privadas» en la tramitación e inspección.

El borrador alude a actividades que no precisan licencia de obras, circunstancia que se da con locales de menos de 750 metros cuadrados que solo necesitan retoques. No obstante, el permiso de obras sí hace falta en los casos que tienen impacto en el patrimonio histórico. El texto prevé planes de control para uno o dos años que fijen una cifra mínima de inspecciones y la elaboración de una memoria que irá a Pleno. Otra de las ideas barajadas es no exigir el pago de tasas al principio de la actividad, sino más adelante.

El presidente de Urbanismo, Pedro García, cree que «es una buena ordenanza», que será «la más avanzada en nuestro país» y la única existente, ya que afirma que el Imdeec «ha hecho otra cosa». No obstante, duda de que solucione la paralización de las licencias, que recuerda que se da en otras ciudades y de la que culpa al Gobierno por no permitir contratar funcionarios. Respecto a la comisión anunciada por la alcaldesa para llegar a un documento de consenso, piensa que es la «solución normal» y la que debería haberse adoptado antes. Previamente, el PP había criticado los retrasos de dos años en las licencias para hoteles o de año y medio para abrir pequeños locales, que, según asegura, incitan a la economía sumergida.