Desde el año 2011, la Junta de Andalucía cuenta con un protocolo para identificar al alumnado con altas capacidades que se aplica al término de la Educación Infantil y al finalizar la Educación Primaria. Según la Delegación de Educación, el protocolo consiste en la cumplimentación de una serie de cuestionarios por parte de los tutores y las familias. Si superan una puntuación mínima, el alumnado pasa a una fase de cribado que, si se supera, deriva al alumno a la evaluación psicopedagógica de los profesionales de orientación de los centros. Esta valoración concluye «con un informe en el que se establece si el alumnado presenta o no necesidades específicas de apoyo educativo y si las mismas están asociadas a altas capacidades intelectuales», señalan desde Educación.
Según la Junta, que defiende la eficacia de su modelo, en función de la identificación de las necesidades educativas, los centros «planifican y desarrollan diversas respuestas para promover la equidad del alumnado», entre ellas, trabajo por proyectos de investigación, actividades de carácter interdisciplinar, adaptaciones curriculares o programas de enriquecimiento».
En cuanto a la medida de flexibilización (salto de curso), desde Educación indican que «se trata de una medida excepcional que se emplea para los niños con un perfil de sobredotación intelectual, pero después de adoptar otras medidas previas». Para aplicarla, «el equipo educativo tiene que determinar que los alumnos han alcanzado las competencias claves del curso en vigor con una serie de pruebas y comprobar que no va a afectar al desarrollo socioafectivo del niño». Según la información facilitada, cada año se detectan en torno a 80 o 90 niños con altas capacidades en Córdoba y esta medida se aplica entre diez y quince veces al año. «Si hay dudas, la flexibilización no se aplica porque lo que se busca es siempre el bien del menor», asegura.
