La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha elaborado un informe en el que alerta de los «problemas muy serios» de vivienda que se están produciendo en la ciudad, entre los que se encuentran la proliferación de desahucios por impago del alquiler en familias que ya fueron previamente desalojadas de su casa por no poder pagar la hipoteca. El responsable del área de Ciudad Humana de Al-Zahara, Rafael Carmona, asegura que la mayor parte de los desahucios por arrendamiento son de familias que han estado dos años abonando un alquiler social a un banco y que, al tercer o cuarto, al tener que hacer frente a un arrendamiento normal, no pueden pagarlo. Al-Zahara, en su última asamblea, ha decidido reclamar a todas las administraciones implicadas que hagan frente común contra la falta de vivienda. Al-Zahara se marca de aquí a mayo como plazo para tomar medidas de presión, ya que prevé un segundo semestre «complicado» con «cientos de familias en la calle» si no se actúa «ya».
La federación piensa que las instituciones «no tienen capacidad en estos momentos para asumir el problema que están generando los desahucios», a lo que se suma la pobreza energética, que ya no solo se da en Las Palmeras, Moreras o barrio del Guadalquivir, sino que «se ha extendido a toda la ciudad».
En el informe, el colectivo avisa de que uno de los problemas es la venta de viviendas de los bancos a fondos buitre, que «no tienen ningún interés en mantener» a «los antiguos propietarios y están llevando una campaña de presión importante, cancelando de forma definitiva los contratos de alquiler». A esto se une que «cada día que pasa se les está negando el alquiler a familias sin recursos con ayudas aprobadas por la Junta y el Ayuntamiento», y que hay «familias vulnerables incapaces de afrontar un alquiler con sus recursos». Además, las ayudas existentes «dejan fuera a muchas familias», mientras que existen «más de 16.000 viviendas vacías y locales que son ocupados por familias con menores sin reunir los mínimos requisitos de salubridad».
El informe tiene un capítulo dedicado al parque público de la Junta, en el que Al-Zahara lamenta la no ampliación del mismo y la falta de «rehabilitación y mantenimiento». El informe critica que «se está desahuciando a unidades familiares con menores y mayores a su cargo sin alternativa habitacional» y «se está procediendo a denuncias penales por ocupación de viviendas». Otra circunstancia que se da es que Fomento está exigiendo «fianzas de tres meses con aval bancario» a los inquilinos morosos. Carmona reconoce que la situación del parque público es «muy difícil», ya que «hay personas con más de una vivienda», los pisos «pasan de unos a otros», «no pagan» y hay que «poner orden».
Censo / Por ello, Al-Zahara considera imprescindible realizar un censo exhaustivo de los inquilinos del parque público de vivienda. Otra de las medidas que plantea es estabilizar la población y que las viviendas se asignen con transparencia. Regularizar la titularidad de los inmuebles es otra propuesta. Por último, sugiere que se implante el funcionamiento tutelado de las comunidades de vecinos, de forma que tengan asesoramiento legal, y trabajar con las familias que tengan dificultades para la convivencia. La rehabilitación de las viviendas, junto con medidas de intervención social que eviten su deterioro, es otra de las fórmulas demandadas, así como la adaptación de locales para su uso como vivienda.
Uno de los temas que preocupan a los vecinos en la subida de los alquileres. Según Carmona, la falta de vivienda genera un incremento importante en el precio, en el que están repercutiendo los apartamentos turísticos.
