Todas las sentencias sobre cláusulas suelo fueron favorables al cliente en la provincia de Córdoba en el pasado año 2017, según datos de la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Este estudio refleja que Córdoba se sitúa en el grupo de 22 provincias españolas en las que el pasado año se ha estimado un cien por cien de sentencias sobre dichas cláusulas.

Concretamente, así ha ocurrido en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.

En Andalucía, por provincias, en Córdoba, en el cuarto trimestre del 2017 se han dictado 38 sentencias, de las que el cien por cien fue favorable al cliente, siendo la cifra más baja de la comunidad autónoma. En Almería fueron 102 sentencias; 128, en Cádiz; 85, en Granada; 43, en Huelva; 102, en Jaén, 91, en Málaga, y 132, en Sevilla.

Datos nacionales

Por su parte, según recoge Europa Press, a nivel nacional, casi el total de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en materia de cláusulas suelo ha sido favorable al cliente, según ha recogido la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Precisamente, en 22 provincias españolas el porcentaje de sentencias estimatorias fue del cien por cien.

Según revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017, el 98,3 por ciento de las 9.326 sentencias dictadas en el último semestre del año sobre este asunto ha sido favorable al cliente, ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno de los jueces destaca que en el último semestre del año 2017, se han ingresado en los juzgados especializados un total de 138.156 asuntos. A esta cifra hay que añadir otros 15.801 demandas que han tenido entradas entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos.

De acuerdo a la información recogida se revela que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se dictaron 1.230 sentencias en España, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se han dedicado fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil. De esta cifra, el 99,3 por ciento ha sido estimatoria.

Añade que las resoluciones notificadas se ha incrementado notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.096, de las que el 98,1 por ciento fueron favorables al cliente.

El Consejo General del Poder Judicial puso en marcha el pasado 1 de junio un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de carga de trabajo tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo y evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen.

El plan, que ha sido reforzado, en principio, para el primer semestre de 2018, consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia --uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-- para conocer de manera exclusiva y no excluyente las demandas interpuestas por los afectados por las cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Valoración de Adicae

Como ya había advertido y denunciado Adicae, la estrategia de la banca persigue limitar al máximo la reclamación de los consumidores y consolidar los beneficios de su abuso: de los dos millones de afectados por la cláusula suelo tan sólo 154.000 (un exiguo 7,7%) han reclamado.

De esta forma la unanimidad de las sentencias favorables a los consumidores por cláusulas abusivas exigen abrir el paso a una solución global y definitiva para los ‘suelos’ hipotecarios y a una verdadera acción colectiva para los conflictos masivos de consumo, así como a impulsar con urgencia el debate parlamentario sobre la Proposición de Ley sobre transparencia en la contratación cuya relevancoa destacó el Presidente de ADICAE a los diputados en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera del pasado 7 de marzo.

Según los datos aportados más de un 98% de las 9326 sentencias dictadas durante 2017 dieron la razón a los consumidores. Ello demuestra que los bancos insisten en una posición de negativa a modificar sus pautas de relación con los consumidores, dada su nula voluntad de llegar a acuerdos justos sin necesidad de acudir a los tribunales cuando estos se están pronunciando con claridad respecto al carácter abusivo de unas cláusulas que algunos aún se permiten la licencia de defender como válidas y ‘transparentes’.

Como ya adelantó Adicae en los informes realizados hasta ahora, el procedimiento extrajudicial habilitado por el RD 1/2017, no sirvió para lograr los objetivos que se habían marcado: lograr una solución justa para los afectados de forma extrajudicial, rápida y efectiva. Que el 87% de las reclamaciones extrajudiciales fueran denegadas, según los datos presentados en Adicae, contrastan con el hecho de que en los tribunales, el 98,3% de las demandas han sido estimadas, lo cual pone en evidencia la falta de voluntad de las entidades y la poca eficacia del procedimiento.

Según Adicae, la falta de voluntad para lograr acuerdos por parte de las entidades responde a un intento de dificultar y ralentizar la solución de los afectados, a la espera que de la perspectiva de un proceso más largo y más costoso desincentive su lucha y abandonen sus pretensiones, en favor de las entidades bancarias.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que se habiliten procedimiento serios, rigurosos y ágiles para que los consumidores puedan defender sus derechos sin necesidad de acudir a los tribunales.