El futuro de la entidad Hostetur, creada en teoría para integrar a Córdoba Apetece en la patronal de hostelería y sustituir a la antigua Hostecor, ha quedado visto para sentencia tras un juicio en el que se han enfrentado dos posturas sobre lo que ocurrió en el proceso de fusión de ambas entidades.

Por un lado, Alberto Rosales, sus empresas y varios testigos que han acudido para defender su postura, han manifestado cómo se gestó la creación de Hostetur, en base a un pacto entre los presidentes de Hostecor y Apetece para liderar la nueva entidad entre las dos asociaciones.

Según los testigos, había un acuerdo tácito para propiciar la alternancia de De la Torre y Rosales en la presidencia durante el mandato de cinco años, por periodos de dos años y medio cada uno. Según este relato, se produjo una reunión en la que se nombró a la junta directiva mixta, con parte de miembros de Hostecor y otra parte de Apetece, tras lo cual se produjo un desencuentro en torno a la postura a adoptar en la negociación de los veladores.

Los miembros de Apetece, algunos de ellos miembros también de Hostecor, afirman que se pidió a De la Torre que no se reuniera con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, hasta no consensuar una postura común, algo que nunca se produjo.

Por su parte, la parte demandada, el actual presidente de Hostetur, Fran de la Torre, y miembros de su ejecutiva como Enrique Merino, que ocupaba el cargo de secretario general en Hostecor, niegan la mayor y afirman que el problema surgió cuando se dieron cuenta de que había miembros de Apetece que no cumplían los requisitos para formar parte de la junta directiva.

Lejos de advertir a la otra parte o tomar alguna medida de negociación, Fran de la Torre decidió acudir a un notario y, haciendo uso de sus potestades como presidente, registrar quiénes serían los miembros de su ejecutiva, excluyendo a todos los que aportaba Apetece, incluido Alberto Rosales y su puesto como vicepresidente. Entre los requisitos que no cumplían, señalan que no todos eran empresarios, ya que había algunas personas que no eran propietarias de los negocios que regentan sino que ocupaban otros puestos directivos.

Argumenta De la Torre que se le ninguneó como presidente y niega que se llegara a acordar el cambio de junta directiva del que habla Apetece. Según su declaración, "se me querían quitar los poderes de representación y decidí contar con personal de mi confianza en mi potestad como presidente y prescindir de Rosales como vicepresidente y seguir con Enrique Merino en lugar de con José Luis Polonio (primo de Rosales)", que según la otra parte fue designado para el puesto.

Ambas partes aluden a un conflicto interno en torno a la política de veladores. De la Torre, por su parte, defiende que "Rosales no quería que nos sentáramos a la mesa contra el mandato de la asamblea".

En las conclusiones de los abogados, el defensor de Apetece ha puesto sobre la mesa la traición a la buena fe expresada en los acuerdos previos por las partes en referencia a Fran de la Torre, "que truncó el proceso actuando unilateralmente",mientras la defensa de De la Torre argumenta que la negativa a que formen parte de este órgano, por encima de todo, se debe a una cuestión formal, la incompatibilidad del puesto con los criterios exigidos por la ley.

El caso ha quedado visto para sentencia.