El Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado a abonar 40.000 euros a una empresa local por irregularidades en la contratación de la elaboración del mapa de ruido de la ciudad. La Junta de gobierno local ha acatado esta sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo, que estima que no se cumplieron las condiciones del pliego de condiciones del contrato, tal y como denunció la empresa Estudios medioambientales y sistemas de información geográfica (Emasig), que resultó segunda en ese proceso de licitación frente a la empresa Sincosur, de Sevilla. El mapa de ruido se adjudicó en abril del 2016 por un precio de 48.367 euros y sus conclusiones se presentaron en abril del 2017.

El fallo considera probados los dos motivos que dieron pie a la impugnación: por un lado, «la falta de acreditación de la solvencia técnica de la empresa que resultó adjudicataria», y por otro, «el incumplimiento de la oferta de la entidad adjudicataria».

El portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, denunció ayer esta irregularidad y, aunque no ha querido acusar al gobierno local de haber tenido un trato de favor con la empresa sevillana, afirmó que no entiende «la perseverancia en el error», ya que antes de llegar al juzgado se presentó un recurso de reposición.

Además, Blázquez criticó la elaboración del mapa, porque, sostiene, se hizo «sin tomar datos reales» en la ciudad y basándose solo en simulaciones. En esta línea, denunció ayer que no hubiera participación ciudadana en su elaboración, que no se haya hecho una difusión clara «en lenguaje entendible» del mapa, que no se hiciera una evaluación del anterior mapa de acción, ni una proyección de lo que está pasando con el ruido. «No se han hecho mediciones de campo, ni en zonas de veladores, ni en grandes eventos o en concentraciones», lamentó, para concluir que sus resultados son «manifiestamente mejorables». Por todo, la agrupación ciudadana sospecha que los datos arrojados por este trabajo son erróneos y, en realidad, peores en la realidad.

A preguntas de la prensa, y pese a no ser responsable de las delegaciones señaladas, la teniente alcalde de Hacienda, Alba Doblas, indicó que «parece obvio que se trata de un problema de contratación», y añadió que «para eso están los tribunales, ya que los contratos tienen que cumplirse en sus términos y, si la adjudicataria no ha cumplido, lo lógico es que se denuncie y se proceda al resarcimiento como corresponda».