A cinco días de que finalice el plazo que el juez le ha otorgado para ingresar de forma voluntaria en prisión, el empresario Rafael Gómez afirmó ayer que «todo el mundo sabe que soy inocente», insistiendo en la idea que ha mantenido desde el inicio de su procesamiento judicial, pese a que ha sido condenado por dos delitos de fraude contra la Hacienda pública. El también exconcejal de UCOR en el Ayuntamiento de Córdoba tiene que cumplir cinco años y tres meses de cárcel, y una de las incógnitas que mantiene es el centro penitenciario donde ingresará. No obstante, sí destacó que «la cárcel de Córdoba no me gusta, está demasiado cerca de mi casa».

Gómez recibió ayer en persona la notificación del juzgado de lo penal número 3 de Córdoba, con la resolución en la que el juez determina que no se suspende la pena mientras se tramita su petición de indulto, como había solicitado la defensa. De otro lado, fuentes consultadas indicaron que todavía no ha presentado el recurso de apelación de este auto ante la Audiencia provincial, aunque apuntaron la posibilidad de que lo haga en estos días.

Con lo ocurrido ayer, comienza una cuenta atrás para que atienda su obligación con la Justicia uno de los empresarios más destacados de la ciudad en las últimas décadas, que ha llegado a tener más de 8.000 trabajadores (directos e indirectos) en el medio centenar de empresas que han compuesto el grupo Rafael Gómez Sánchez. El próximo lunes finaliza el plazo para que entre en la cárcel (el martes se consideraría un día de gracia), pero Rafael Gómez señaló que «no sabemos todavía» la prisión a la que acudirá. Algunas fuentes apuntan que podría optar por Málaga o Melilla. Consultado por la lejanía de su familia no se pronunció, pero sí lo hizo su hija, Esther, que le acompañó en su visita al juzgado y destacó que «la familia vamos donde estén ellos».

A pesar de la noticia recibida en los últimos días, Gómez comentó que se encuentra «contentísimo». Todavía permanecen abiertas dos vías con las que su defensa intenta que evite la condena, que son, como ya se ha citado, la petición de perdón al Gobierno y un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, mediante el que espera que se anule la sentencia. En este caso, el tribunal no ha resuelto todavía si lo admite a trámite. Preguntado por si aún espera que la Justicia le dé la razón, Gómez explicó que «yo sí sé que soy inocente y lo sabe todo el mundo».

Junto a esto, salió al paso de los rumores que apuntan que podría estar molesto con el trato que ha recibido en la ciudad y puntualizó que «yo no estoy disgustado con Córdoba, ¿por qué iba a estarlo?». El empresario confirmó que ha preparado una carta para los medios de comunicación, aunque, consultado por su contenido, precisó que no quiere contar «nada», avanzando que «ya os la darán» y que en estos momentos prefiere estar «tranquilo» junto a su familia.

Además de la privación de libertad, Gómez fue condenado al abono de una multa de en torno a 112 millones de euros y una indemnización a Hacienda de alrededor de 29 millones de euros, la cantidad que se estima que defraudó a través de impuestos. Precisamente, la no reparación del daño ha sido uno de los aspectos que se han tenido en cuenta en el último auto judicial.

Hay que recordar que en septiembre el juez ya ordenó la ejecución de la condena, aunque la defensa solicitó una prórroga, que le fue concedida durante veinte días para continuar realizando gestiones. La resolución conocida el viernes pasado indica que «con carácter general, firme que sea una sentencia deberá ser ejecutada, con independencia de dicha propuesta (el indulto), que desplegaría efectos una vez concedida». Rafael Gómez tiene 73 años de edad y el juez entiende que «a buen seguro que será tratado (en prisión) conforme a su edad y condición física, siendo igualmente atendido de las posibles enfermedades que padezca o que aparezcan durante el cumplimiento de su pena».