Los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Navas y Miguel Reina, que ocuparon estos cargos en el último mandato, rechazaron ayer las acusaciones realizadas por el sindicato CTA durante su declaración en el juzgado de Instrucción número 6, después de que el sindicato denunciara en el 2015 presuntas prevaricaciones administrativas que habrían tenido lugar en el Alcázar y en el Instituto Municipal de Deportes.

El primero en comparecer fue Rafael Navas, que declinó hacer declaraciones a la prensa. El letrado de CTA, Marcos Carrascal, afirmó que el exconcejal de Turismo se excusó «en la urgencia y la ineficacia de la Administración para que se diera curso a esos contratos de forma directa con el que ya era adjudicatario del espectáculo de luz y sonido (en el Alcázar)», que era EMTE. Así, detalló que Navas «ha justificado que por motivos de urgencia se tuviera que acudir al contrato menor y no a la figura del procedimiento abierto, que hubiera sido lo que hubiera correspondido». También apuntó que el actual secretario general de Asaja mostró un mayor grado de conocimiento sobre las contrataciones que Reina. Carrascal avanzó que la acusación solicitará más pruebas y, entre otras, podría pedir la declaración de funcionarios y aportará un informe de la Intervención del Ayuntamiento que cuestiona el procedimiento de los citados contratos.

Acerca de la declaración del expresidente del Imdeco, comentó que es probable que CTA reclame la comparecencia del exgerente Alfonso López, «porque entendemos que sí tiene un mayor conocimiento y decisión en la contratación sucesiva y fraccionada de este despacho (la firma de abogados Cuatrecasas) para prestar un servicio que ha sido el mismo, el de asesoramiento en materia de recursos humanos». En esta línea, precisó que se hicieron cuatro contratos, «todos en el límite del contrato menor, que se adjudica directamente».

Por su parte, Reina apuntó que rechaza las acusaciones y su letrada, Pilar Torres, puntualizó que ya se han planteado pedir el archivo de la causa y emprender acciones judiciales contra CTA para recuperar su imagen.

Visiblemente afectado, el exconcejal sostuvo que «la primera orden que di es que no se me pasara nada para la firma, si no era con el visto bueno de la Intervención, del secretario y de todo aquel que tenía que dármelo», resumiendo que esto «era lo que yo llevaba a cabo». El ex futbolista entiende que con esta situación se ha manchado su imagen, ya que «ha habido momentos que iba haciendo footing por Córdoba y parecía que era un apestado, es lamentable». De este modo, subrayó que «soy honesto» y «no puedo consentir que Pepe, mi hijo, me llame casi llorando desde Italia». También recordó que el Imdeco tenía una «situación catastrófica», se dejó con un remanente de cerca de 670.000 euros y «mi único fin en la política era ayudar al deporte cordobés».