El Consejo Social ya ha emitido su dictamen sobre los presupuestos que tendrá el Ayuntamiento de Córdoba durante el 2017. En su dictamen, colgado en su web, este órgano consultivo avisa de que "las estimaciones de ingresos deben realizarse a partir de hechos contrastables", y, sin embargo, en el "expediente no se acreditan los compromisos suscritos" con terceros para la enajenación de suelo, que es una de las vías mediante la que el gobierno local pretende obtener dinero el año que viene.
En relación al ascenso significativo de los ingresos en el presupuesto consolidado, el que incluye empresas y organismos municipales, el Consejo Social explica que la variación más importante se debe a "los ingresos por enajenación de inversiones reales, presupuestada en 2,1 millones de euros", al contemplar la Gerencia de Urbanismo varias operaciones de venta de suelo para la construcción de vivienda protegida. El incremento se debe también, según señala el informe, a que se incluyen en gastos inversiones que realizará Emacsa para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento por 18 millones, "para los cuales precisa la formalización de una operación de endeudamiento".
El Consejo Social avisa también de "una sobreestimación de los ingresos por los impuestos directos", ya que se contempla un incremento en 26 millones de euros. En este sentido, señala que "las previsiones correspondientes a los ingresos del IBI urbano y del Impuesto sobre el Aumento del Valor de los Terrenos Urbanos, con una diferencia entre el presupuesto del 2017 y la recaudación líquida media de los ejercicios 2014-2015 de 12,7 millones de euros y 6,5 millones de euros, respectivamente, presentan un importante aumento de la previsión", lo que puede "afectar la liquidación final" y "la estabilidad presupuestaria".
También, y según el Consejo Social, "puede comprometer la liquidación final y con ello la estabilidad presupuestaria" el ICIO, con una "desviación apreciable", ya que hay una diferencia de 402.018 euros entre lo previsto para el 2017 y lo recaudado en 2014 y 2015.
Además, el Consejo Social confiesa que le llama la atención un informe que rectifica el IBI urbano "por la bajada de tipo impositivo en las ordenanzas fiscales y su impacto en los ingresos tributarios del 2017, realizado por el Órgano de Gestión Tributaria". Ese informe indica que "no se aplicará la bajada de tipos para compensar el aumento de los valores catastrales para los inmuebles que ya tienen un tipo diferenciado y cuyo uso no sea residencial". En este sentido, el Consejo Social entiende que "esta aplicación no supone un incremento adicional de la imposición sobre la mayor tributación que ya soportan estos inmuebles y que, además, no coincide con la manifestación del equipo de gobierno de mantenimiento de la presión fiscal por este concepto".
En cuanto a gastos, el dictamen espera que en próximos presupuestos baje el consumo de energía eléctrica del alumbrado público, edificios y colegios municipales como consecuencia de los programas de eficiencia energética.
En relación a las inversiones, el Consejo Social pide que se destinen 100.000 euros a los polígonos industriales y, además, dedicar a los mismos 2,4 millones en la legislatura, para acabar los acerados de La Torrecilla y Amargacena, Quemadas, y para la conversión en vía urbana de la antigua Nacional IV. El Consejo Social censura que "no se refleja presupuestariamente el apoyo necesario al comercio de cercanía ni las actuaciones de peatonalización" en centros comerciales abiertos.
El dictamen señala que "algunos de los capítulos consignados no ofrecen la apariencia de nuevas inversiones, sino de mantenimiento, compras y gastos de carácter corriente" y pide al gobierno local que adopte medidas para concluir proyectos de gastos que derivan de ejercicios anteriores.
Por último, y respecto a las empresas, el Consejo Social recomienda a la corporación municipal que a medio plazo explore las alternativas para lograr el equilibrio entre gastos e ingresos en Aucorsa.
