LA SUPUESTA ESTAFA CAUSÓ A LAS EMPRESAS AFECTADAS UN PERJUICIO DE CASI 400.000 EUROS

A juicio por vender ‘software’ con fallos para conseguir reparaciones

Los programas daban errores y les generaban demandas de asistencia

R. H.

El ministerio fiscal ha solicitado penas de seis años de prisión para dos acusados de un delito de estafa por vender, supuestamente, programas informáticos que daban errores y, de esta manera, conseguir más beneficios al generar numerosas demandas de reparación. Para uno de ellos, además, pide otro año de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, los dos acusados regentaban en el año 2008 una empresa dedicada a la venta de programas informáticos y vendían software sobre gestión y contabilidad a numerosas empresas. Al mismo tiempo, vendían e implantaban un sistema móvil PDA y servicios TIC asociados que se vinculaban y solo eran válidos para los anteriores programas informáticos. Así, según el fiscal, «movidos por la intención de obtener un lucro ilícito y provocar sucesivas demandas de prestación de servicio por parte de los clientes», los acusados «idearon una aplicación que programaba errores en los sistemas». La materialización de dicha aplicación fue llevada a cabo, «siguiendo las instrucciones» de los acusados, por un empleado de la empresa, que «desconocía el uso que se estaba dando y las consecuencias de la implantación de la citada aplicación».

De esta manera, a los pocos meses, comenzaron a dar problemas los programas informáticos adquiridos, «generando continuos fallos que motivaban otras tantas demandas de reparación». Las demandas, prosigue el fiscal, eran atendidas bien a través de una página web, bien a través de un teléfono de contacto 807, lo que «suponía un beneficio añadido».

A consecuencia de todo esto, los equipos de las empresas que habían comprado los programas «no acababan nunca de funcionar bien», pues «periódicamente volvían a dar fallos con el consiguiente perjuicio económico derivado del entorpecimiento de su actividad». En este contexto, agrega el fiscal, uno de los procesados llegó a «firmar documentos de la empresa simulando la firma de un empleado». Se estima que el perjuicio económico causado a las empresas asciende a 381.940 euros.

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