La complejidad de Córdoba capital en cuanto a parcelaciones se refiere hace necesario un nuevo diagnóstico para conocer el alcance de la reforma de la LOUA recién aprobada en el Parlamento andaluz. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se reunió ayer con la alcaldesa, Isabel Ambrosio; y con el presidente de Urbanismo, Pedro García; entre otros representantes de ambas administraciones, para analizar los efectos de la modificación en Córdoba. Como la tarea no es fácil, decidieron que ambas administraciones trabajarán a partir de ahora en ver cómo se aplica la nueva normativa, aunque, para ello, previamente, Urbanismo tendrá que analizar de nuevo y exponer cuál es la situación de las 12.000 viviendas irregulares repartidas entre suelo no urbanizable, urbanizable o urbano.

Urbanismo tiene aprobado desde el 2014 el avance -inventario- de suelo no urbanizable, en el que contabiliza 87 núcleos con 4.419 viviendas, de los que 47 son asentamientos, con 2.783 viviendas; 37 tienen 1.554 casas aisladas; y tres son hábitat rurales, con 82. Al margen de ese inventario, el PGOU del 2001-2003 recoge la situación de las parcelaciones en ese momento y marca el camino para la regularización de gran parte de ellas. Sin embargo, ahora, Urbanismo debe estudiar, con la colaboración de la Junta, cuál es la realidad y qué ventajas se pueden lograr de la reforma. Con ese diagnóstico del número real de viviendas que pueden beneficiarse, «junto con la Junta de Andalucía, se podrá aplicar la norma y progresivamente ir regularizando el mayor número posible de viviendas».

El consejero, que comparecía por primera vez tras la aprobación en el Parlamento, dejaba claro que la «LOUA no va a solucionar al cien por cien todos los problemas de Córdoba», pero «es un impulso importante y un punto de partida para que a medio plazo, las viviendas fuera de ordenación, o que jurídicamente no se podía actuar contra ellas, puedan regularizarse y tener acceso a los servicios básicos».

Por su parte, la alcaldesa subrayó que la reforma supone «un avance» en un «escenario en el que se pueden explorar nuevas posibilidades», aunque advirtió de la «complejidad» de dar una solución igual para todos. Ambrosio aludió al «plus de responsabilidad» que tienen «quienes les toca asumir esta tarea», como el Ayuntamiento, a través de Urbanismo, «y los vecinos».

Durante el encuentro, el presidente de Urbanismo pidió una reunión entre los técnicos de las dos administraciones para establecer una interpretación común y ver cómo se va a llevar a cabo el trabajo y en qué plazos.

El secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez, explicó que la nueva normativa permite aplicar el Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) en viviendas ilegales de microparcelaciones, situación que se da menos en Córdoba. Por otro lado, indicó que «elimina obstáculos» en los asentamientos. Entre las novedades que destacó, está que posibilita la ejecución de forma progresiva de la urbanización y «permite la independencia funcional de ciertas infraestructuras», de forma que no se tengan que ejecutar todas para acceder a los servicios. Añadió que la reforma posibilita el acceso provisional a las viviendas a través de licencias provisionales sin necesidad de esperar a la total ejecución de la urbanización y permite abaratar las obras de urbanización.

El consejero se reunió también con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y con representantes de parcelistas de la Vega y la Sierra, con los que se comprometió a escuchar sus peticiones.