El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT en Córdoba, Manolo Sánchez, denuncia que la reciente adjudicación por parte de la Junta de las concesiones de transporte escolar para los próximos 4 años mediante concurso público gestionado por el ISE (Instituto de Servicios de Enseñanza) «supone un duro golpe para las empresas cordobesas». Sánchez señala que de los 50 lotes que se presentaron a la licitación (la totalidad del transporte escolar de Córdoba y provincia), 38, que suponen unos 250 autobuses, han sido adjudicados a la empresa extremeña Transportes Aula. UGT señala que la adjudicación se sustenta en una bajada de precios que el secretario general califica como «desorbitada y temeraria, llegando a ofrecer reducciones de los precios de referencia superiores al 22%». El sindicato provincial de Movilidad de UGT piensa que «es necesario cuestionar un sistema de adjudicación que no tiene en cuenta la capacidad operativa de las empresas que participan, y que prima por encima de cualquier consideración razonable el precio más barato, sin establecer un suelo económico que garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y unos estándares mínimos de calidad».

A juicio de UGT, la Junta «hará un gran negocio y los platos rotos de su gran negocio lo pagarán los 250 trabajadores de Córdoba y provincia, que serán despedidos o subrogados en precario, para que la empresa extremeña ajuste sus costes y obtenga los beneficios previstos.

UGT augura un inicio de curso complicado y exigirá a la Junta que los nuevos concesionarios, antes de hacerse cargo del servicio, subroguen a los trabajadores, respetando los derechos adquiridos. Si la Junta no garantiza este derecho laboral básico, asegura, el inicio del curso «vendrá acompañado de movilizaciones y protestas que no garantizarán un normal desarrollo del transporte público escolar». Afirma que «no vamos a permitir que se especule ni con nuestro trabajo ni con la seguridad de nuestros hijos».