Las disfunciones sexuales pueden ser un indicador para detectar casos de violencia de género

Así lo ha indicado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en una nota en la que la delegada territorial del ramo, María Ángeles Luna, ha explicado que la violencia de género que se sufre de manera progresiva en el ámbito de una pareja, en la que el hombre asume el rol de dominación y la mujer el de sumisión, genera a lo largo del tiempo una serie de consecuencias físicas y psicológicas para la mujer víctima, que afectan a su salud integral.

Así, junto a múltiples consecuencias psicológicas (depresión y ansiedad, fobias, trastornos psicosomáticos, baja autoestima, sentimientos de vergüenza o culpabilidad), se dan diversos efectos físicos, incluyendo alteraciones en la salud sexual, tales como la inapetencia o disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual (ETS), embarazos no deseados, entre otros.

En este sentido, Luna ha subrayado la "importancia" de iniciativas formativas como ésta para poder ofrecer a las personas profesionales los conocimientos y herramientas necesarias para la detección y derivación de casos a los recursos de atención.

La delegada territorial ha recordado que Andalucía ha sido una comunidad pionera en varias actuaciones en materia de género y salud, como en la formación de profesionales (con el curso "Diploma de Especialización en Género y Salud"); en la investigación (con la financiación de proyectos por parte de la Junta) o en el trabajo desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (guías, enfoque de género en los planes).

Asimismo, Luna ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía por la educación sexual y reproductiva como "mejor metodología para la promoción de la sexualidad saludable" de las mujeres, para la prevención de la violencia sexual y para la reducción de embarazos no deseados.

Luna ha recordado que "desde la Junta de Andalucía consideramos que el Servicio Andaluz de Salud es una pieza clave en la detección temprana de la violencia de género que puede estar sufriendo una mujer porque el maltrato puede dar la cara a través de disfunciones sexuales".

Por tanto, el objetivo "por el que llevamos ya años trabajando es que el personal de salud adquiera un papel activo ante el problema, que comprendan la importancia del maltrato contra las mujeres como problema de salud pública y reconozcan la importancia de su papel como profesionales en el abordaje sanitario del mismo. Con este enfoque se tardará mucho menos tiempo en detectar indicadores de maltrato".

DETECCIÓN TEMPRANA

Para ello, desde el SAS se ha estudiado cuáles son las consecuencias que un maltrato genera en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y estas consecuencias son los indicadores que se tienen en cuenta para una detección temprana. Por ejemplo, se sabe que las consecuencias de una relación sexual forzada pueden aparecer en formato de pérdida del deseo sexual, trastornos menstruales, infecciones urinarias, dolor pélvico crónico o embarazo no deseado.

Si el maltrato se produce durante un embarazo, el ginecólogo debe estar alerta a síntomas como hemorragias vaginales, amenza de aborto, muerte fetal, parto prematuro o bajo peso al nacer. Porque todas estas mujeres tienen un riesgo dos veces mayor que cualquier otra mujer que no sufra maltrato.

Precisamente por haber estudiado y definido este tipo de indicadores y por apostar por la formación de los profesionales, desde el sistema sanitario se está detectando cada vez más casos de mujeres en situación de violencia de género.

En los últimos estudios publicados en España realizados en la población de mujeres que acuden a los centros de salud, la prevalencia de mujer maltratada oscila entre un 15,1% a 22,9%, es decir, que una de cada cuatro mujeres atendidas por el personal de salud de Atención Primaria por diversas demandas asistenciales sufre o ha sufrido violencia de género.

Además, Luna ha resaltado que "estamos ante un problema que tarda mucho en hacerse visible". Según los estudios publicados, el tiempo que tarda una mujer en darse cuenta de que es una mujer maltratada y comienza a reconocerlo y a dar algún paso, puede ser de cinco a seis años de media. "Por ello, el papel del sanitario es fundamental, porque las mujeres suelen acudir a consulta por una dolencia derivada de un maltrato que el profesional puede detectar con rapidez", ha señalado Luna.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Según las estimaciones, "creemos que el 70% de los casos debe ser detectado por el médico de familia de atención primaria, y el 30% restante por especializada, urgencias, ginecología, salud mental o fisioterapeutas, entre otros". En este sentido, la Junta de Andalucía lleva años trabajando y formando a los profesionales sanitarios en esta línea. Solo el pasado año más de 400 profesionales recibieron esta formación en Córdoba.

Fruto de esta apuesta, es el Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género del Servicio Andaluz de Salud, que contempla un abordaje integral, desde todos los niveles y áreas, porque no existe perfil de ser mujer rural o urbana para que denuncies más o menos, solo que la mujer y su entorno reconozcan los indicadores de una situación de maltrato, que la mujer está viviendo una situación de violencia de género a manos de su pareja o expareja.

Los casos detectados son derivados a la justicia y también se ofrecen recursos de asistencia no judiciales a la víctima como acompañamiento, asesoría jurídica o tratamiento psicológico entre otros. A finales del pasado año el Servicio Andaluz de Salud registró 646 Partes al Juzgado en nuestra provincia.

El 71% de los casos debido a maltrato físico, 27% psíquico y el 2% sexual. Por franja de edad, el mayor porcentaje (37%) se registra entre los 31 y los 45 años, seguido de las mujeres entre 19 y 30 (26%) y un 17,7% de los casos en mujeres de entre 46 y 65 años. En el 90,47% de los casos fue un maltrato leve y en el 1,1% grave.