El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, Armando García, ha dictado un auto en el cual exige al sindicato Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) una fianza de 18.000 euros para poder personarse como acusación popular en la denuncia que presentó contra el expresidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) en el anterior gobierno municipal del PP, Miguel Reina, por un presunto delito de prevaricación, en concreto, por haber fraccionado supuestamente contratos públicos a favor del despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira para el asesoramiento jurídico-laboral relativos a los empleados públicos que prestan servicios en ese mencionado organismo autónomo. El secretario general de CTA, Francisco Moro, ha señalado que se ha recurrido el importe de esa fianza, que supone la cantidad aproximada de los contratos pretendidamente prevaricados, porque este sindicato "no tiene subvenciones públicas y se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados". No obstante, CTA ha puesto a disposición del juzgado su cuenta bancaria por si rechaza este recurso e hiciera falta cubrir la fianza solicitada.
