Las viviendas de alquiler del parque público de Andalucía tienen en Córdoba un total de 2.854 inquilinos que adeudan más de tres recibos de renta. En esta línea, la morosidad es más elevada en la provincia que en el conjunto de la comunidad autónoma, si se tiene en cuenta que los impagos afectan al 53% de los inmuebles que la Junta destina a este fin y a nivel regional el dato de las familias que registran incidencias o retrasos en el abono de estos alquileres se sitúa en un 49%.

Estas son las cifras facilitadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, que, al ser preguntada por los motivos que llevan a estas personas a no pagar el arrendamiento, explica que "frente a la reclamación de abono de deudas esgrimen, principalmente, causas como la imposibilidad de afrontar los pagos por carecer de ingresos suficientes, debido a una nueva situación sobrevenida por la crisis". De este modo, precisa que las nuevas circunstancias suelen estar relacionadas con el desempleo, el reagrupamiento familiar, la manutención de unidades familiares "que, por ese reagrupamiento, son más extensas", las obligaciones relacionadas con los préstamos, la necesidad de priorizar el abono de los suministros frente al del alquiler o estar inmersos en periodos en los que no perciben ayudas y prestaciones públicas como el salario social o los subsidios.

Los inmuebles del parque público andaluz suman algo más de 5.400 en la provincia y el importe medio de los alquileres no alcanza los 34 euros mensuales. Desde la consejería aluden a una "situación de emergencia social" ya que algunas de estas familias --"que se caracterizan por tener unos ingresos económicos muy limitados y por acumular altos niveles de paro", puntualizan-- están encontrando "muchas dificultades para hacer frente a las obligaciones" a causa de la recesión.

En este sentido, en Córdoba se han tramitado 89 expedientes para la aplicación de medidas para flexibilizar y facilitar que los inquilinos cumplan con esta responsabilidad, ya que "en la mayoría de los casos se adeudan algunas mensualidades de forma transitoria y existe el compromiso de sufragarlas". Algunos de estos mecanismos son la reducción de rentas, el aplazamiento del abono de la deuda y el retraso de la repercusión de conceptos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En cuanto a la posibilidad de que estas personas puedan ser desahuciadas finalmente, las mismas fuentes señalan que el Gobierno regional decidió, en el mes de junio del año 2012, paralizar todos los lanzamientos previstos sobre el parque público de vivienda cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía "en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existen personas dependientes --menores y ancianos-- dentro de la unidad familiar".

Así, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía no resuelve contratos por estos motivos "debido a la situación económica" que sufren muchas personas. La consejería explica que uno de los ejes que fundamenta la labor social que realiza el Gobierno regional en este ámbito es la concienciación y la corresponsabilidad en el mantenimiento, la conservación y el abono de las rentas del alquiler, y avanza que "ya estamos trabajando para ampliar los sistemas de vigilancia".