EL GRUPO DE LA OPOSICION DICE QUE LOS CORDOBESES PAGARAN 2,5 MILLONES MAS EL AÑO PROXIMO

El PP pide que los impuestos y tasas bajen un 0,4% en el 2016

Bellido y Fuentes califican de "chapuza política y fiscal" las ordenanzas

El PP pide que los impuestos y tasas bajen un 0,4% en el 2016

El PP pide que los impuestos y tasas bajen un 0,4% en el 2016

JOSE LUIS RODRIGUEZ

El grupo municipal del PP va a presentar varias alegaciones al anteproyecto de ordenanzas fiscales del 2016 aprobado el pasado martes por el gobierno local con la intención de que los impuestos y tasas bajen un 0,4% y que, por el contrario, no experimente una subida del 0,72%, porcentaje ponderado planteado en ese documento tributario, según explicaron ayer los concejales del PP José María Bellido y Salvador Fuentes. El porcentaje negativo del 0,4% corresponde al Indice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de agosto, indicador en el que anteriores gobiernos municipales han fijado la revisión de las ordenanzas para el año siguiente. Fuentes dijo que con la subida del 0,72%, "los cordobeses van a pagar el próximo año 2,5 millones de e uros más que en el 2015".

En las alegaciones que va a presentar el PP propone bajar un 1,5% el impuesto de vehículos, un 1,25% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, un 2% del de Construcciones, Instalaciones y Obras, un 25% la tasa de licencia de actividad y licencia de obras y un 50% el de entrada de vehículos a través de aceras, así como la congelación de la cuota del resto de los impuestos y la tasa de recogida de basura. También quiere que se mantengan todas las bonificaciones y exenciones contempladas en las actuales ordenanzas, excepto en aquellos casos donde se contempla una ampliación de las actuales en el documento aprobado por el gobierno local. El PP va a negociar estas enmiendas con el resto de los grupos para, entre otras cosas, "conocer quién está por la bajada de impuestos en Córdoba".

Fuentes calificó de "chapuza fiscal y política" el documento tributario que el equipo de gobierno quiere poner en vigor el 1 de enero del 2015 porque "castiga a la clase media trabajadora".

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