El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque, compareció ayer en la asamblea de hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías, reunida en sesión extraordinaria, para "aclarar malentendidos", informar de las reuniones mantenidas entre la Agrupación y el Ayuntamiento y reiterar la voluntad del gobierno local de mantener "unas relaciones fluidas" con la institución cofrade, explicó ayer el edil a Diario CORDOBA al término de la larga asamblea. "Lo que puedo decir es que voy a trabajar por ello", contestó el concejal cuando uno de los participantes en la asamblea le expuso sus dudas sobre la voluntad del gobierno local sobre el mundo cofrade.

La comparecencia del concejal Luque se produce después de episodios sonados en el mundo cofrade y de los que las redes sociales se han hecho un extraordinario eco, originándose en ocasiones debates agrios mucho más allá de las causas del conflicto. Entre estas se encontró la retirada del cuadro de San Rafael del vestíbulo de Alcaldía para su restauración (ahora en curso) o las dudas sobre la ubicación del Museo Cofrade en el edificio en rehabilitación del antiguo convento Regina. Pese a todo, ninguno de estos temas concretos se trataron ayer explícitamente, informaron a este periódico.

LA AGRUPACION Por su parte, la Agrupación de Cofradías difundió esta madrugada un comunicado sobre los temas tratados en la asamblea en el que también hablaba de "malos entendidos producidos durante los meses de agosto y septiembre". En su nota, el ente cofrade afirma que Luque comenzó su intervención "pidiendo disculpas por dichas manifestaciones" para después detallar los contenidos de las reuniones mantenidas y contestar a las preguntas. La nota coincide en que Luque insistió en que "su finalidad será en lo sucesivo las buenas relaciones entre ambas instituciones".

Capítulo aparte, la asamblea de hermanos mayores también fue informada ayer de las consecuencias del Real Decreto 594/2015, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

Se trata de una nueva normativa que actualiza a la que ha estado en vigor durante dos décadas y que obligará en adelante a las entidades religiosas a mantener actualizados sus datos registrales al menos cada dos años, así como a informar de determinados cambios. Eso sí, la nueva ley facilita la gestión por vía telemática. Al respecto, el ecónomo del Obispado, José Luis Vidal, también compareció en la asamblea para informar e intentar disipar las dudas que se han creado por la nueva normativa.