El PP ve dudas en la gestión del agua en el Plan de Rescate

El viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, y la concejala popular María Jesús Botella, advirtieron ayer del "poco rigor y falta de concreción" que contienen las medidas del Plan de Rescate a la Ciudadanía, anunciado hace un par de días por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, junto al concejal delegado de Bienestar Social, Rafael del Castillo.

En relación a ello, Salvador Fuentes expresó su preocupación por las propuestas del programa referidas a la gestión de agua. Según el viceportavoz, la medida incluida de facilitar el empadronamiento sin necesidad de acreditar un título de propiedad o contrato de arrendamiento con el fin de obtener una cantidad mínima de suministro (especificada en tres centímetros cúbicos) hace que el Ayuntamiento "se arriesgue" a la reclamación de cualquier propietario de finca con la consiguiente baja del servicio de aguas. "¿Es esto un plan de rescate ciudadano o es un plan para ocupas?", añadió, y sentenció que "el suministro de agua" se debe hacer según la actual normativa, "sin perjuicio" del derecho de la propiedad. A tenor de ello, el concejal también preguntó "si hay un estudio que indique el número de personas afectadas o si la tasa mínima fijada es la correcta", además de advertir que el proyecto "no dice qué pasa si el contador de agua de un inmueble es colectivo" o si alguna familia en riesgo de exclusión social supera los tres centímetros cúbicos de consumo de agua que proporcionará el Ayuntamiento.

Respecto a las medidas del Plan de Rescate contempladas para la vivienda, Salvador Fuentes recalcó que la constitución de la Oficina de Vivienda "puede ser una duplicidad" porque la Junta ya hace uso de un organismo similar. El concejal popular recordó que la anunciada oficina también ha tenido "polémica" con los sindicatos, puesto que los cuatro empleados elegidos para trabajar allí "han sido elegidos a dedo sin oferta pública de empleo".

Por su parte, María Jesús Botella insistió en que el proyecto "al que no quiero llamarle plan" olvida a colectivos y asociaciones "fundamentales" para la colaboración social, como "Cáritas, Cruz Roja o la Fundación Prolibertas", que pueden colaborar en "la llamada alianza energética a la que se refiere el documento" presentado por el gobierno local "o el estudio para saber cuántas familas no pueden pagar el suministro de energía, que ya debería estar hecho".

Para finalizar, los dos concejales señalaron que era "la primera vez que se ve una propuesta tan insolvente, tan ambigua y de tan corto recorrido", por lo que "hemos creído necesario hablar sobre ello", ya que "el drama social actual es un tema muy serio que no se improvisa".