El taxi y la guerra del libre mercado

Tarifas y licencias. Esas son las dos claves para entender la guerra que ha estallado en el mundo del taxi, un sector del que viven 100.000 familias en España y que genera unos 4.000 millones de euros al año en facturación, según sus propios datos. A Córdoba, además, le ha tocado ser el primer campo de batalla de este conflicto, después de que la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados, un organismo dependiente del Ministerio de Industria, anunciara hace un par de semanas el inicio de un proceso judicial contra el Ayuntamiento de la ciudad si no deroga 14 artículos de su recién aprobada ordenanza del taxi. Los artículos que habría que derogar torpedean la línea de flotación de la norma, cuestionan la tarificación y propugnan, en suma, la desregulación del sector. El informe de Competencia está inspirado por la Ley Omnibus y, en suma, por el espíritu de libre mercado que campa por la Unión Europea. La pregunta es la siguiente: ¿dejará de ser el taxi un servicio público?

Lo que dice la Comisión de la Competencia

Competencia arremete contra el establecimiento de un numerus clausus para la adjudicación de licencias de taxi, como establece la ordenanza. Considera "una restricción injustificada a la competencia" que la licencia solo pueda ser de una persona física o una sociedad cooperativa, restringiendo la potestad del empresario de adoptar la forma jurídica más conveniente para él. Tampoco ve justificada la restricción para que el servicio lo puedan prestar asalariados y no el titular de la licencia y critica las limitaciones para arrendar, traspasar o ceder la misma. Cuestiona algunos requisitos de calidad y seguridad como el de la experiencia previa para prestar el servicio (sostiene que es discriminatorio para nuevos conductores) o que el vehículo tenga solo dos años. Y lo más importante, señala como opción preferible la libre fijación de precios por cada operador (frente a la recogida por la ordenanza que prevé el establecimiento de la tarifa por el Ayuntamiento previa audiencia con el sector) y cuestiona que, en los servicios pedidos por teléfono, la bajada de bandera comience en el lugar de partida del taxi y no desde que se recoge al cliente. Esto es lo que dice Competencia, pero surgen otras cuestiones: ¿por qué se tumba la ordenanza cordobesa y no otras similares como las de Sevilla o Málaga? ¿Quién denunció en Madrid la ordenanza?

Lo que dice el

Ayuntamiento

El equipo de gobierno --que no es el mismo que el que aprobó la ordenanza-- ha puesto en manos de la asesoría jurídica municipal la decisión sobre qué hacer ante el anuncio de Competencia: derogar los 14 artículos que pide, redactar una nueva ordenanza o agotar el tiempo (se prevé que serán dos meses a contar tras el anuncio del Gobierno) y que la cuestión la resuelvan los tribunales. De momento, los responsables políticos han preferido ser prudentes en un tema tan espinoso como este y solo el PP ha pedido al resto que avale la ordenanza. Precisamente a petición de los populares , el secretario municipal ha elaborado un informe en el que garantiza que la tramitación de la ordenanza cumplió con todos los requisitos legales y "discrepa del contenido del informe adverso emitido por Competencia". De forma paralela, PSOE e IU han abierto un plazo para que el sector y los colectivos sociales presenten sus alegaciones. De momento, lo han hecho la Federación de Vecinos Al-Zahara, que ha comunicado "su oposición a que se asuma el escrito de Competencia"; la organización de consumidores Facua, que ha pedido que se redacte una nueva ordenanza; y Auttacor, que exige respetar el texto tal y como está.

Lo que dicen los taxistas,unos y otros

Hay dos asociaciones del taxi en Córdoba. La mayoritaria, la Asociación de Autónomos del Taxi (Auttacor), va a ir a por todas. De momento, ha convocado una manifestación a nivel nacional para el próximo viernes día 11 en la que espera que taxistas de toda España se sumen a una lucha que, a su juicio, "solo acaba de empezar" en Córdoba. El presidente de Auttacor, Miguel Ruano, afirma que la aplicación de lo que pide Competencia sería "la liberalización del taxi en Córdoba" y, por ende, la muerte del sector. Considera que este es un nuevo intento de desregulación de un sector público, después de la famosa Ley Omnibus del 2009, que suponía la liberalización casi completa del arrendamiento de vehículos (una situación que trató de revertirse con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre). Por otra parte está Etaxi, una asociación que aglutina a una veintena de taxistas y que se ha opuesto a la ordenanza desde su aprobación. Las relaciones entre ambas asociaciones nunca han sido buenas. En este asunto, desde luego, tampoco. Esta misma semana, el presidente de Etaxi, José Hoyos, presentó en el Registro de entrada del Ayuntamiento sendos escritos pidiendo amparo al Consistorio ante las "coacciones y amenazas" que, según asegura, vienen soportando de la directiva de Auttacor, que les culpa de haber sido ellos quienes denunciaron la ordenanza ante Competencia. Por contra, los servicios jurídicos de la asociación mayoritaria están estudiando si es motivo de denuncia la acusación de Etaxi e insisten en que "es falso totalmente".

Las guerras paralelas detodos contra todos

Al margen de la batalla con Competencia, el sindicato UGT ha abierto una segunda brecha judicial al interponer un recurso contencioso-administrativo para solicitar la impugnación de la ordenanza municipal del taxi. La denuncia se centra, explica el sindicato, en los aspectos propios de una organización sindical, esto es, las condiciones laborales de los trabajadores asalariados, sus derechos y la participación de los agentes sociales y asociaciones de consumidores y usuarios en la organización del servicio público. La denuncia se sitúa al margen del cuestionamiento que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace sobre los pilares básicos del sector del taxi en Córdoba y añade otro frente al escenario planteado. La cuestión de fondo es si seguirá siendo el taxi un servicio público en nuestra ciudad.