El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado este martes "el máximo respeto a las decisiones de los jueces, se trate de lo que se trate", después de que en esta jornada el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido a 16 personas, entre ellas una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta, y ha imputado a otras cinco, en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, caso que está bajo secreto parcial.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma andaluza ha manifestado que "se trata de una operación que desarrolla la UCO bajo mandato del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla".

Y en este caso, Antonio Sanz ha resaltado que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen su función en el desarrollo de los mandamientos judiciales".

Además, el delegado del Gobierno se remite a la nota de la Guardia Civil en la que se detalla que las indagaciones se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Se ha actuado en las ocho provincias andaluzas, con tres detenciones en Sevilla; dos en Córdoba; dos en Cádiz; tres en Málaga, provincia en la que se han realizado dos registros --en el complejo del consorcio Ciomijas--; otras dos en Huelva; dos más en Almería, y una tanto en Granada como en Jaén.

Al respecto, siete de estas personas han desempeñado el cargo de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las diferentes provincias andaluzas, destacando que en Huelva y en Sevilla las personas detenidas ostentan actualmente dicha responsabilidad. Igualmente, cuatro de ellas han estado al frente de direcciones generales dentro del mismo SAE.

Por otra parte, los agentes han detenido a los ex directores gerentes de los consorcios Formades y Ciomijas, así como a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas. En el desarrollo de esta operación se procederá a las imputaciones de otras personas vinculadas a la gestión de estos fondos de formación. Mientras, las personas detenidas pasarán a disposición judicial una vez se practiquen las diligencias policiales pertinentes.