La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Córdoba y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en la provincia han advertido este miércoles de que el Hospital Reina Sofía "no ha aumentado su plantilla" pese al pico de demanda en el servicio de Urgencias, al tiempo que critican que "no se sustituyen las bajas".
En una nota, CSIF asegura que dicho servicio "no ha sido reforzado por los picos de demanda que se están produciendo en los últimos días", y después de que "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó de que ha contratado a 255 profesionales en toda la comunidad para abordar el incremento histórico de la demanda asistencial urgente originada en los hospitales andaluces", si bien el sindicato ha constatado que "el Reina Sofía no se ha visto beneficiado por ninguna de estas contrataciones".
De este modo, el presidente del sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Antonio Poyato, afirma que el Servicio de Urgencias del hospital ha atendido estos días un 40% más de pacientes que la media. De esta forma, se han llegado a recibir más de 400 enfermos, cuando lo habitual en una jornada es no superar los 300 usuarios, lo que está generando, a su juicio, "situaciones de auténtico colapso pese al enorme esfuerzo desarrollado por los profesionales".
CSIF indica que estos "problemas" con consecuencia directa de la falta de personal por la "raquítica" política de contratación desarrollada por el SAS. La central sindical ya ha criticado en varias ocasiones la pérdida de más de 500 empleos, tanto sanitarios como no sanitarios, en el Reina Sofía en los últimos tres años.
Poyato señala también que a esta situación se suma que "los pocos contratos que se firman para el personal eventual son en unas condiciones deplorables, al ser al 75%, es decir, estos empleados cotizan solo 22 días cada mes", al tiempo que censura que "el SAS no cumple ni el 10% de la tasa de reposición fijado por el Gobierno central", algo que califica de "incomprensible que la Consejería de Salud no cubra ni ese 10% de las jubilaciones o bajas indefinidas que se registran en el Reina Sofía".
Además, CSIF apunta que "otra causa del colapso que se vive en las Urgencias del hospital es el progresivo desmantelamiento de la Atención Primaria, debido a que la dilación en la concesión de citas en los centros de salud provoca que muchos usuarios opten por dirigirse directamente al Reina Sofía para encontrar una respuesta a su dolencia".
En este sentido, Poyato reclama al SAS que "ponga fin de una vez a los recortes de plantilla y dote a los centros de salud y a los hospitales del personal suficiente para que la calidad del servicio sanitario público sea la adecuada".
PÉRDIDA DE UN 7%
Por su parte, el Sindicato Médico de Córdoba cifra en otra nota en un siete por ciento la pérdida de puestos de trabajo en los centros hospitalarios públicos de la provincia, de modo que lamenta que "la administración andaluza en su política de recortes no sustituye las bajas producidas por ningún concepto, y menos en hospitales: embarazo, lactancia, reducciones de jornada por cuidado de hijos o personas mayores, con la justificación que sobra plantilla en urgencias".
Así, desde el SMA-Córdoba aseguran que llevan pidiendo un tercer y cuarto punto de Urgencias extra hospitalarias para la población de Córdoba capital, desde hace más de siete años, al igual que existen en otras provincias andaluzas, y que "incluso el SAS prometió contemplar hace años, llamando a esta petición 'juego sindical'".
Al respecto, alude a "casos no urgentes en definitiva que colapsan las urgencias hospitalarias, que no se resuelven en Atención Primaria por falta de personal y de medios, y que se estrellan en largas esperas en la puerta de urgencias".
Todo ello, lo enmarcan "en una situación en la que el único objetivo de los gerentes de hospitales es el ahorro; con sus posibles efectos colaterales de falta de atención adecuada a los ciudadanos; con la merma de cuidados; con la falta de respeto a sus profesionales, y con las repercusiones que la sobrecarga de trabajo sobre la salud física y psíquica puede ocasionar en ellos".
En definitiva, exigen "el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de salud laboral y de conciliación de la vida laboral y familiar, así como la adecuada atención a la población con todos los medios necesarios, y no al 75 por ciento".
