El grupo socialista en el Senado anunció ayer la presentación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en la que solicitarán una moratoria de cinco años para el fin de la renta antigua en los establecimientos, que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre. En esta línea, el secretario general del PSOE de Córdoba y senador por Andalucía, Juan Pablo Durán; el portavoz de la Comisión de Fomento en el Senado, Juan Manuel Fernández, y otros dirigentes socialistas mantuvieron un encuentro con representantes de UPTA, ATA, CECO y Comercio Córdoba con el fin de analizar esta situación. Después de esto informaron a los medios de la necesidad de llegar a un "acuerdo y equilibrio" entre el interés de los propietarios de los inmuebles y sus inquilinos, según afirmó Durán.

Los contratos de renta antigua son aquellos que se firmaron antes del 9 de mayo de 1985, por lo que el secretario general del PSOE apuntó que se trata de negocios con más de 30 años de actividad y su posible desaparición afectaría a toda la economía. De este modo, explicó que si los propietarios y los inquilinos no alcanzar acuerdos esto puede suponer el cierre de negocios y la pérdida de un empleo "que suele tener contratos indefinidos, con salarios más altos de los que se pagan ahora y con derechos que ya no se llevan en este sector". Además, alertó de una posible pérdida de "la seña de identidad" que representan los comercios tradicionales y de la importancia que esto tiene para el turismo. En otro ámbito, el judicial, hizo alusión a unas manifestaciones de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), que advirtió sobre el posible aumento de los litigios si los inquilinos no están de acuerdo con la rescisión de su contrato.

Por su parte, Juan Manuel Fernández destacó que "al PP le ha costado escuchar que está ahí el problema" y estimó que esta situación puede afectar en Córdoba a unos 2.000 establecimientos. Junto a la moratoria, Fernández señaló otras propuestas como la de indemnizar al inquilino de acuerdo con la renta nueva que se le exige y la habilitación de líneas de crédito ICO para los afectados, aunque según precisó "el Gobierno no ha aceptado sentarse a negociar".