La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, ha criticado este martes el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015 en materia de educación, y lo ha calificado como un presupuesto "trampa" que "deja a un lado" la calidad del sistema educativo andaluz.

En una rueda de prensa, Obrero ha asegurado que es "un presupuesto que sigue anteponiendo los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos, que no aborda las reformas necesarias para que Andalucía salga de la crisis, para acabar con el paro endémico, y que sigue metiendo la tijera en las políticas sociales y educativas".

A su juicio, el presupuesto de educación para el año 2015 es un presupuesto "trampa, donde en términos globales se ha vendido a bombo y platillo una subida de 120 millones de euros, pero que estarán destinados a afrontar las pagas extraordinarias a los docentes andaluces, aunque no a todos porque a los más de 18.000 docentes que trabajan en la escuela concertada se les deja literalmente tirados".

"El bipartito andaluz crea desigualdades sociales y laborales con este presupuesto, no velan por los derechos de los trabajadores e incumplen sus propios acuerdos, siendo una vez más los docentes quienes vuelven a apechugar con la gestión políticamente interesada de este gobierno que se empeña en dañar a la educación concertada", afirma Obrero.

La parlamentaria andaluza ha recordado que en 2008 la Junta firmó un acuerdo para la equiparación salarial de los docentes de la pública y la concertada, "acuerdo que nunca se ha cumplido, muy al contrario la Junta solo se ha acordado de los docentes de la concertada para recortarles sus derechos; en 2012 les quitó también las pagas extras y sin embargo ahora nos las van a recuperar como el resto. Serían necesarios más de 22 millones de euros serían necesarios para devolver esas pagas", advierte.

Este presupuesto ahonda en "las desigualdades sociales y da un golpe de efecto a la economía de las familias, porque reduce programas educativos complementarios", según indica, para detallar que en 2015 baja el presupuesto para comedores escolares en un 21% respecto el año anterior, de manera que el gobierno andaluz va a reducir el número de beneficiarios y de bonificaciones a alumnos usuarios de los comedores escolares.

Baja también en un 25% el Plan Deporte en la Escuela, bajan las prestaciones individualizadas para el transporte escolar en un 10,4%, de modo que "las familias no son una prioridad para este gobierno andaluz, porque a ellas les recorta bonificaciones para sus hijos en programas educativos complementarios", dice.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Además en estos presupuestos la partida para la formación para el empleo baja un 1,9% y la formación del profesorado se recorta un 2,18%. "Es lamentable que en una comunidad autónoma con más de 60% de paro juvenil y una tasa de paro 12 puntos por encima de la media nacional, bajen las partidas para la formación para el empleo", dice Obrero, quien añade que "la prioridad de la Consejería es revisar expedientes irregulares de formación en lugar de estar pendientes de los graves problemas que tiene nuestro sistema educativo y de poner en marcha las políticas activas de empleo paralizadas en Andalucía desde 2011".

En este sentido, lamenta que la comunidad autónoma andaluza sigue siendo "la que menos invierte en educación de España y sigue teniendo la tasa más alta de fracaso escolar". A pesar de esto, agrega, "la Junta va a dotar a la recién aprobada Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (antiguo ISE) con tan sólo 118 millones de euros para inversiones educativas, el mínimo histórico de inversiones en centros educativos de Andalucía, con un recorte de 40 millones con respecto al año anterior".

De esta manera, la vicesecretaria popular afirma que "en solo dos años este gobierno de PSOE e IU ha recortado a casi la mitad la inversión en los centros educativos y están dejando caer a la educación pública en nuestra tierra".

Obrero ha recordado que "estamos en la prórroga de la prórroga del Plan OLA y seguimos con más de 350 aulas prefabricadas en Andalucía, con centros educativos que llevan más de 30 años esperando reformas y planes estrella que reiteran proyectos comprometidos que nunca se cumplen".

Como ejemplo, cita que en Córdoba se ha quedado más de 40% de ese Plan OLA sin ejecutar, han dejado 34 actuaciones prometidas en centros educativos sin hacer y más de 20 millones de euros sin invertir. "Con esto, para el año 2015 el presupuesto se prevé la ampliación tan sólo de 14 centros de educación secundaria en toda Andalucía, frente a los 43 que se preveía en 2014", indica, al tiempo que censura que no se detalle "cuáles son esos centros y a qué provincias irán esas inversiones"; por tanto, hay "opacidad, falta de transparencia y arbitrio político a la hora de decidir dónde se hacen inversiones".

"VARAPALO" AL MUNDO RURAL

Asimismo, señala que el presupuesto de la Junta para 2015 destina "cero euros" para el mantenimiento y ampliación de los centros de educación especial. Y "vuelve dar un varapalo a la educación pública en el mundo rural, cuando se prevén 35 colegios y escuelas públicas rurales menos para el año próximo", subraya.

En Córdoba la Junta ya ha cerrado cinco escuelas rurales. Ante ello, exige a la Junta que "diga cuáles son los centros rurales que tiene previsto cerrar el próximo año", dado que "muchas familias que viven en pueblos y aldeas ven peligrar la educación de sus hijos y la continuidad de la vida en las zonas rurales", ha lamentado.

Este presupuesto "congela" la partida para la Beca Adriano pero reducen el número de posibles beneficiarios en 4.000 alumnos. Situación similar con la Beca Segunda Oportunidad, que a pesar de que el consejero Luciano Alonso haya reconocido "su fracaso", congela su presupuesto para 2015, pero reducen en 500 los beneficiarios. En ambos casos, a fecha 31 de septiembre, "el Gobierno andaluz no había ejecutado ni un euro de esas partidas", según ha explicado.

En definitiva, "un presupuesto trampa, que crea desigualdades sociales y laborales, que no garantiza la calidad educativa, que no soluciona el fracaso escolar, que atiende a las infraestructuras educativas necesarias y que castiga a las familias", reprocha Rafaela Obrero.