El caso Torreblanca tuvo efectos en el ámbito municipal desde que se conocieron los hechos en enero del 2008. La entonces alcaldesa Rosa Aguilar, todavía en IU, gobernaba en coalición con el PSOE y al frente del área de Seguridad estaba el concejal de IU José Joaquín Cuadra. A raíz del asunto, la Junta de Gobierno local encargó un informe a la secretaria del Ayuntamiento --que hoy declara junto a dos peritos informáticos--, que terminó remitiendo sus conclusiones al fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro el 15 de abril de aquel año. A mediados de mayo, tras concluir sus diligencias, la Fiscalía propuso al juez decano, Luis Rabasa, abrir un procedimiento penal contra los policías locales por la supuesta falsificación de firma, alteración de denuncias de infracción urbanística y desaparición de actas. El procedimiento se abrió en el juzgado de instrucción siete, cuya titular es María Dolores Rivas, y está siendo juzgado estos días en la Audiencia Provincial. El entonces jefe de la oposición, José Antonio Nieto, exigió en varias ocasiones que se depuraran responsabilidades políticas y pidió la creación de una comisión de investigación (pleno de mayo del 2008), que fue rechazada por IU y PSOE. El PP también pidió sin éxito que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en el juicio, ya que el tema había puesto "en duda el honor y el buen nombre del Consistorio".