La vicesecretaria de Fomento y Medio Ambiente del Partido Popular de Córdoba, Laura Ruiz, ha criticado este martes "el rotundo fracaso" que supone la política de vivienda de la Junta de Andalucía, donde, a su juicio, "parece que priman los intereses políticos de los miembros del bipartito autonómico antes que la legalidad vigente igual para todos los andaluces".

En una nota, Ruiz ha hecho referencia a "los últimos acontecimientos vividos con el realojo de un grupo de okupas por parte de la Consejería de Fomento de la Junta que dirige la cordobesa Elena Cortés", en los que "la actualidad certifica que el gobierno de PSOE e IU en la Junta tienen desmantelada la política social de vivienda, que utilizan a su antojo para devolver favores políticos, cuando para la gran mayoría de los andaluces no existen", lamenta la popular.

En este sentido, censura que "la Junta es la mayor inmobiliaria de la Andalucía ya que tiene un parque público de más de 80.000 viviendas en alquiler, y a pesar de esto no cuenta con una bolsa de viviendas libres para poder alojar a las familias en situación de emergencia social que necesitan una vivienda y cumplen con los requisitos establecidos en la legislación".

Según Ruiz, "no podemos entender como solo en Córdoba capital hay más 200 familias en lista de espera para tener una vivienda social y desde la Junta de Susana Díaz no se haga nada por atenderlas, por ofrecerles una vivienda de las muchas que tiene vacías siendo de titularidad autonómica, y lo más grave, es que desde le Consejería de Elena Cortés se esté amparando y alentando el procedimiento de la patada en la puerta ilegal, en lugar de la vía administrativa cumpliendo la legalidad".

Así, advierte de que "con IU en la Consejería de Fomento y Vivienda el descontrol, la opacidad y la incapacidad de gestión sobre las viviendas sociales que muchos cordobeses necesitan es la tónica dominante". Y es que, agrega, "un gobierno autonómico no puede permitir que quien ocupa ilegalmente una vivienda tenga más derechos que aquellos que se apuntan a una lista y esperan el procedimiento administrativo legal, que por otro lado también es competencia de la propia Junta de Andalucía".

De este modo, subraya que "tras los acontecimientos vividos en las últimas semanas, tenemos que lamentar que tengamos un gobierno que avala la ocupación ilegal de viviendas y se salta las listas de espera, un gobierno donde hay demasiados egos e intereses personales y electorales, que lo hacen incompatible con el buen gobierno para los ciudadanos.

Al respecto, recuerda que "el PP ha denunciado desde hace tiempo la nefasta gestión de las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, que a pesar de tener las competencias está pasando la pelota del problema los ayuntamientos en una constante actitud de brazos cruzados". Si bien, "a pesar de esto, el Gobierno andaluz se guarda bajo la manga la potestad de adjudicar una vivienda de forma directa sin contar con los servicios sociales de los ayuntamientos ni las listas de espera, con lo cual estamos de nuevo ante un descontrol premeditado y que esconde claros intereses partidistas", dice Ruiz.

Además, la vicesecretaria popular ha señalado que "al mismo tiempo que se gestiona sin control ni arbitrio las viviendas sociales por parte de la Junta, la propia Consejera de Fomento y Vivienda ha estado firmando órdenes de desahucio en la provincia de Córdoba y Andalucía. En la provincia de Córdoba han llevado a cabo diez desahucios desde que IU llegó a esta Consejería".

Asimismo, añade la popular, "al mismo tiempo que Cortés firmaba desahucios, amparaba a un falso asesor de familias que sufrían este procedimiento en la sede del PCA en el Sector Sur, en Córdoba capital", a lo que agrega que "sería lamentable que tanto IU como el PC hayan utilizado las desgracias personales y familiares de muchos cordobeses para sacar rédito político de un problema tan delicado como es un proceso de desahucio, manejando y manipulando a estas personas".

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Entretanto, Laura Ruiz ha recordado que el Gobierno ha consolidado en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 el Fondo Social de Viviendas (FSV) propiedad de las entidades de crédito destinadas a ofrecer cobertura a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual por el impago de la hipoteca.

"Este Plan permite consolidar el convenio firmado en enero de 2013 por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito mediante el que se daba cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 20/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios", afirma Ruiz.

El FSV, que cuenta con 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades financieras firmantes del convenio, permite a las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario solicitar el acceso a estas viviendas durante dos años.

"Se están beneficiando de esta medida las personas cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el FSV", destaca Laura Ruiz.