La titular del juzgado de Instrucción siete, María Dolores Rivas, ha solicitado "a la Junta de Andalucía la puesta a disposición de forma urgente de dos funcionarios de refuerzo con el fin de acelerar la investigación en curso y evitar la prescripción de delitos", según el TSJA.

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce la excesiva carga de trabajo de los juzgados, que ahora se verá agravada en el Instrucción siete por una causa en las que hay implicadas --de momento-- cerca de 400 personas con residencia en varias provincias, lo que supone un esfuerzo extra. Entre quienes ya han declarado hay vecinos de Pozoblanco, Cabra, Jaén, Andújar y Granada, según ha podido saber este diario.

Las notificaciones, declaraciones y autos se van a multiplicar en los próximos meses, y la sobrecarga se va a notar más cuando recientemente se ha suprimido el contrato a una interina.

También es compleja la investigación de la operación Fénix, por fraude fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la compra venta de oro, que lleva el juzgado de Instrucción número dos de la capital cordobesa. La causa se abrió hace ya siete años y ante el elevado número de procesados (ahora son unos 90 pero llegaron a los 150), el TSJA optó por reforzar este órgano con un juez de apoyo "con motivo del procedimiento de especial dificultad", como recoge en su Memoria del 2012. También la fiscalía destinó durante un tiempo a una fiscal en exclusiva.