Un preso interno durante años en el centro penitenciario de Córdoba ha demandado a España ante el comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU por cobrarle la comida en prisión, según informó ayer la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). El preso ha adoptado esta medida una vez agotada la vía en los tribunales españoles, ya que el Constitucional (TC) avaló a finales del 2012 que se cobrara la manutención a presos que cobraran prestaciones no contributivas, descontándole de las mismas el precio de la comida.

El proceso judicial, que inició el mismo preso que ahora ha presentado la demanda a la ONU, se remonta al año 2005. Según se publicó al conocerse el pronunciamiento del TC, con esta sentencia se rechazaba el recurso de amparo del preso, a quien la Junta de Andalucía le rebajó en el 2005 y durante años posteriores el importe de su pensión no contributiva que cobraba por una incapacidad. El interno acudió a los tribunales y en marzo del 2008 un juzgado de lo Social de Córdoba le dio la razón porque "el suministro de alojamiento y comida en el centro penitenciario no constituye una renta ni de capital ni de trabajo sino un deber de la Administración".

Sin embargo, según lo publicado, la Junta apeló ante el Tribunal Superior de Justicia, que en el 2009 dio la razón a la Administración. Es más, el Supremo confirmó más tarde el fallo al considerar que la "manutención en prisión" debe ser "computada" como una "renta percibida" en especie y, por tanto, puede ser descontada de la pensión no contributiva por haber una duplicidad en la ayuda pública.

El preso basó su recurso, entre otros argumentos, en que era un agravio comparativo con otros reclusos; que tanto la Constitución como la ley penitenciaria garantiza la manutención gratuita, y recordó al tribunal que la ONU censura a los países que hacen pagar a los reclusos su atención. El TC, sin embargo, rechazó todas su alegaciones.

Apdha, que hoy ofrecerá una rueda de prensa para aportar más datos sobre la demanda, considera que la práctica de "cobrar a algunos presos, los más pobres y enfermos, perceptores de prestaciones no contributivas, la comida" de prisión "abre la puerta a recortar a todos los ciudadanos en otros servicios públicos", como la comida en las estancias hospitalarias.