El anteproyecto viene a "romper el equilibrio de las profesiones jurídicas y ataca frontalmente a una profesión, los procuradores, que son colaboradores de la Administración de Justicia y cooperadores necesarios en la defensa de la seguridad jurídica". Añade que "no se sabe cuál es la figura final que se va a obtener" en esta normativa, que producirá "un incremento de costes en la Justicia".