Es el grito de guerra (o de paz) de Stop Desahucios: "Sí se puede". Y parece que la realidad les está dando la razón.
El último informe del Consejo General del Poder Judicial refleja cómo el número de desahucios ejecutados en Córdoba no deja de caer. Aunque en términos absolutos Córdoba registró en el primer semestre del año más lanzamientos con resultado positivo que otras provincias, lo cierto es que comparado con los registrados en el mismo periodo del año anterior han disminuido en un 28%. De 301 lanzamientos en los seis primeros meses del año del 2012, 113 en el primer trimestre y 188 en el segundo, se ha pasado a 216, 113 de enero a marzo y 103 de abril a junio. Esta caída está por encima de la media andaluza, con un descenso del 19%, y de la media nacional, donde cayó un 23%.
El año pasado, Córdoba registró el número más alto de desahucios desde que empezó la crisis, un total de 653, más del triple de los que se produjeron en el año 2008, con 187.
El informe del CGPJ señala además que de los 348 lanzamientos practicados en juzgados de primera instancia durante el primer semestre de este año algo más de la mitad (174) fueron a consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. Los 159 restantes se derivaron de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos, es decir, se produjeron por el impago del alquiler. Este dato contrasta con lo ocurrido en el resto de España, donde los desahucios por alquiler superan a los de las hipotecas.
El descenso en el número de desalojos ejecutados tiene mucho que ver con el trabajo que asociaciones como la plataforma Stop Desahucios están llevando a cabo y que en Córdoba la han hecho merecedora de ocho premios, el último la medalla de oro de la ciudad. Sus continuas protestas e intentos de negociación están forzando a las entidades financieras a plantear soluciones alternativas, posponiendo la ejecución de los desahucios. Esa presión social y la petición formal de la plataforma consiguió además que los jueces de primera instancia de Córdoba paralizaran los procedimientos de desahucio y que la Administración andaluza, en concreto, la Consejería de Fomento y Vivienda, tomara cartas en el asunto y legislara en contra de los desalojos, primero con un decreto ley suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional y después con una ley que entró en vigor a principios de este mes y que ha permitido expropiar varias viviendas a bancos para evitar los desahucios.
