El portavoz del grupo socialista en la Diputación Provincial, Salvador Blanco, anunció ayer, acompañado de un grupo de alcaldes y concejales socialistas de la provincia, que todos los primeros ediles del PSOE van a remitir a sus vecinos una carta en la que les explicarán las consecuencias negativas que, a su juicio, tendrá la reforma de la Administración Local promovida por el Gobierno, para los pequeños municipios.

Blanco puso de manifiesto que la Ley, pese a que se ha dicho que pretende poner en orden la administración local, ahorrar gastos y evitar duplicidades, lo que va a traer es justo lo contrario de lo que los alcaldes de toda España vienen pidiendo desde siempre, que es la ampliación de competencias y de recursos para poder atender las demandas de los vecinos, al ser la administración más cercana.

El portavoz socialista en la Diputación señaló que van a intentar por todos los medios que no se aplique esta norma, de la que dijo que "todo el mundo está en contra", cuando, a su juicio, debería ser una Ley que contara con el máximo consenso posible.

Explicó, además, que aunque se argumenta desde el Gobierno que se persigue un ahorro en la administración, el déficit que se pretende corregir no es por culpa de los ayuntamientos pequeños, que apenas representan el 4% del total de la deuda y que son las grandes ciudades las que acumulan la mayor parte del déficit.

Por su parte, la alcaldesa de Moriles y vicepresidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisca Carmona, se quejó de que este asunto no se ha debatido en el seno de esta organización, por la actitud "autoritaria e intolerante de la actual presidenta en funciones" de la que dijo tiene a la organización "secuestrada y ha impedido el debate".

Carmona dijo que la Ley "ataca frontalmente a la autonomía local" y aseguró que es cierto que la administración local requiere una reforma "pero no ésta" que, su juicio, "vuelve a cargar contra la ciudadanía y especialmente sobre los más débiles, que es a quien más van a afectar los recortes en los servicios municipales". Además, indicó que los ayuntamientos pequeños son los que mejores servicios prestan, los más cercanos, "y los que menos costamos, por eso no entendemos por qué tenemos que ser los primeros en desaparecer".

Por su parte, Maximiano Izquierdo, alcalde de La Granjuela, dijo que la norma es un ataque directo al capítulo 2 del artículo 140 de la Constitución en el que se dice que los municipios tendrán autonomía plena y amplia, ya que ahora dependerán totalmente de las diputaciones, que no son de elección directa.