El ministerio público ha solicitado dos años de prisión y multa de 1.800 euros para una farmacéutica a la que acusa de falsificar recetas para obtener más beneficios, lo que originó un sobrecoste a la Seguridad Social de 574 euros. El fiscal considera los hechos un delito continuado de falsedad en documento público en concurso con un delito continuado de estafa.
Según el escrito del ministerio fiscal, desde el mes de septiembre del 2011 a abril del 2012, la acusada se dedicó a modificar 98 recetas que habían sido prescritas por distintos médicos para "obtener un enriquecimiento ilícito". En unos casos cambiaba el medicamento genérico que venía prescrito por otro de marca de mayor coste y otras veces variaba la presentación para que resultasen un mayor número de unidades que las recetadas.
