Los jueces de Córdoba no han adoptado, de momento, ninguna decisión conjunta en torno a la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que dictaminó que la normativa española sobre desahucios incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas. Lo que sí cambia esta sentencia es el hecho de que los jueces deberán fijarse especialmente en las cláusulas de cada hipoteca, algo que la legislación española no establece, pero a lo que ahora obliga el derecho comunitario. Según señala José Carlos Romero, juez decano de Córdoba, "la legislación española no establece un control de oficio por parte del juez de esas cláusulas, y lo que dice la UE es que, aplicando el derecho comunitario, el magistrado tiene que controlar de oficio toda cláusula que sea abusiva", aunque en nuestras leyes ni en el procedimiento hipotecario ni en el monitorio ni en el ejecutivo se establece un control de oficio por parte del juez de que lo que le están pidiendo es abusivo. "Los jueces tienen ahora la obligación de controlar mucho más, aunque el procedimiento español no lo establezca así", asegura el magistrado.
CASOS CONCRETOS Según Romero, no ha tenido lugar ninguna junta de jueces de primera instancia formal para tratar este tema, aunque "si ellos estiman oportuno mantener un criterio común es una de las facultades que tiene este órgano". El juez aseguró ayer que, al tratarse de una cuestión jurisdiccional, el decanato en sí mismo no va a convocar esa reunión si los jueces no la piden. "Entiendo que cada uno debe adoptar la medida según el caso", continuó el magistrado, que señaló que si "ellos consideran oportuno hacer un debate y fijar una serie de criterios" pueden hacerlo.
Por otro lado, el juez decano de Córdoba cree que la cuestión es "mucho más complicada" porque la sentencia de Estrasburgo hay que leerla "en sus justos términos", puesto que "no estamos hablando de algo que conlleve necesariamente la paralización de todo procedimiento hipotecario, sino de aquel en el que concurran las condiciones". Según señala Romero, en Córdoba, los propios bancos están reteniendo los procedimientos y se han dictado ya autos "respecto de las personas en las que concurran las condiciones de aplicación del decreto", con la correspondiente suspensión del procedimiento, pero se está decidiendo en cada supuesto concreto, "porque todas las situaciones no son iguales" y, precisamente, lo que el tribunal europeo le está diciendo a los jueces "es que miren cada caso y si las cláusulas son abusivas o no". Romero insiste en que es una cuestión diferente que se adopten o no una serie de criterios generales, reiterando que al decanato "no ha llegado una petición de junta general de jueces para fijar criterios comunes, lo que no significa que aún se pueda pedir".
