Un gran despliegue en el que rivalizaban los distintos cuerpos de Seguridad de Marruecos precedía a la entrada al tribunal, donde el acceso incluía un cacheo. Esa fue la primera impresión de la letrada Matilde Mérida, que viajó como observadora al juicio por los incidentes del campamento de Gdaim Izik (El Aaiún) en noviembre del 2010. Murieron once agentes marroquíes y dos saharauis.

"Nada más llegar comenzaron a grabarnos con una cámara y cada vez que entrábamos o salíamos nos quitaban los móviles", comenta. El tribunal, del que medio mundo cuestiona su competencia, estaba presidido por un civil, "el resto de jueces eran militares, y el procurador del rey (fiscal) era un coronel".

Los abogados defensores insistieron en que "aquello era un juicio político" que estuvo precedido de "torturas y violaciones", si bien fue la primera vez desde la reforma constitucional del 2011 "que pudieron hablar con libertad". La abogada subraya que "todo el mundo sabía la sentencia antes de que acabara el juicio", de sesiones diarias de diez horas. No hubo "pruebas forenses, ni se supo quiénes eran los muertos", el fiscal presentó como prueba unas imágenes de Antena 3 y solo declaró un testigo, el conductor de una ambulancia, "que aportó una foto" de uno de los acusados. Todo ello da una idea "del paripé y el teatro; me recordó la película La voz dormida ".

Y entre los acusados, un conocido. Da la casualidad de que Mérida le llevó el proceso de nacionalización en Córdoba a Laaroussi Abdeljalil cuando el registro civil admitió esa posibilidad para los nacidos en la excolonia española. Ha sido condenado a cadena perpetua en un juicio donde se ha mostrado cómo se administra Justicia en nuestro vecino del sur.